COMERCIANTES.- A los comerciantes establecidos no les cuadra la cifra de permisos para vendedores ambulantes, menos de 20, que oficialmente dicen que existen en la Presidencia Municipal de la capital el secretario del Ayuntamiento y el subdirector de Gobernación, César Jáuregui Moreno e Isaac Díaz Gurrola.
COMERCIANTES I.- Quién sabe qué negocio hay detrás, critican, pero no es cierto que por toda la calle Cuarta y los alrededores de la Juárez, Niños Héroes, Libertad y otras, sólo hay unos cuantos ambulantes, si todo está invadido, banquetas, calles, exteriores de los locales establecidos, y únicamente los inspectores de Gobernación no los ven.
PACTO.- Hasta parece que hay un pacto entre El Barzón, el CDP y otras uniones de ambulantes con la administración municipal, a cambio de hacerse de la vista gorda y maquillar las cifras reales de este problema, que no sólo afecta al comercio legal y establecido, sino a todo el mundo, pues venden artículos de dudosa procedencia, mala calidad, ilegales, piratería, frente a los negocios que pagan impuestos y son estrechamente vigilados por la autoridad para que cumplan.
VOTOS.- Pero, advierten, los comerciantes del Centro votaron por la continuidad de la administración, pero no para que se deje al garete el orden que deben cumplir y vigilar las autoridades, que comienzan a ser vistas como sospechosas de haber transado por debajo de la mesa con el ambulantaje para permitir la invasión.
EXPO-CENTRO.- Por cierto, la Expo-Centro se cuece aparte, según los conocedores. Antes Expo-Liber, fundada en 2006, ahora la nueva organización también quedó en manos, para mal, salta a la vista, de la administración municipal, gracias a las malas artes de Jáuregui y Díaz Gurrola.
MANO.- ¿Cómo le hicieron para quedarse con el control? Dicen que condicionaron el permiso, desde que entraron al gobierno en 2016 -como jamás lo había hecho la autoridad municipal, que otorgaba las licencias de forma gratuita- a cambio de 100 mil pesos por evento más arrimadijos fiscales y su respectivo moche.
TRANSAS.- Pero además desde 2017, aseguran, la autoridad municipal comenzó a apoderarse de todo a través del exorganizador que tenía la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro), al que corrieron por transa, Jorge Marín, señalado por haber sido el que, en ese año, también llenó de ambulantes y convirtió en mega cantina la feria de Santa Rita, en complicidad con Gobernación Municipal.
MONUMENTO.- La expo no es cosa menor, pues en unos cuantos días reporta ingresos millonarios a las bolsas de los organizadores y se habla de que también roza a la autoridad municipal; y lo peor es que lejos de ser una expo que sirva a los comerciantes reales, legales, en realidad es un monumento a la piratería y a la corrupción, nomás basta ir a visitarla, y todo sin contar el pésimo aspecto que da al primer cuadro de la ciudad.
COCENTRO.- Por eso en Cocentro se sienten robados y chantajeados, pero en cuanto reclamaron, denuncian, de repente comenzaron a caerles revisiones de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a los negocios de los quejosos; y aunque la instancia inspectora es estatal, obvio que hay nexos fuertes con el gobierno municipal.
EXPROCURADORA.- La polémica exprocuradora general de Justicia del Estado, Patricia González Rodríguez, reapareció en la escena pública como jefa del Comité Técnico para la transición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a Fiscalía General de la capital del país.
PENAL.- González Rodríguez se había dedicado a la academia, investigación y difusión sobre el nuevo sistema penal acusatorio, que se puso en marcha en el país apenas en 2015, lo que significó un salto hacia atrás para Chihuahua, que ya tenía una década de avance en comparación con el resto de los estados, pero debió reiniciar en gran medida sus procesos, para estar en concordancia con el Código Nacional de Procesos Penales.
FORMACIÓN.- Fuera del ideal del sistema acusatorio que instauró en Chihuahua, que inauguró la puerta giratoria y puso al descubierto muchas deficiencias ministeriales y judiciales, a la exprocuradora en el sexenio de José Reyes Baeza se le achaca haber sido parte del problema en la peor ola de violencia que vivió el estado, en el último tercio de ese gobierno.
SISTEMA.- Pero al terminar la administración, González Rodríguez, aún con un saldo familiar y personal en contra, se dedicó a defender el sistema penal y a asesorarlo en otras entidades y a nivel nacional.
SISTEMA I.- Es en la tarea en la que ahora reaparece, al frente de un grupo especial que asesorará a la nueva jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum, para la transformación de la procuraduría capitalina, junto con un grupo de especialistas de todos los colores.
FUERO.- La dictaminación de la cuenta pública en el Congreso del Estado del Tribunal Superior de Justicia, donde se registraron irregularidades por cerca de 20 millones que le atribuyen a los magistrados “duartistas” Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes y Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, fue de mero trámite, pues sólo sumaron hojas a los expedientes que ya había denunciado el anterior auditor superior, Armando Valenzuela y el Consejo de la Judicatura.
FUERO I.- Lo que es un berenjenal es cómo piensan quitarles el fuero para juzgarlos, luego de que, desde un principio, el Consejo de la Judicatura se excedió con las sanciones cautelares y mostró su jugada, ante la cual están, en apariencia, protegidos los magistrados, dado que a la fecha de las primeras denuncias no había mecanismo institucional para el juicio de procedencia, sino que éste se construyó sobre la marcha.
PARO.- La amenaza de paro de la Secretaría de Salud, que en breve debe pagar bonos a los miles de empleados sindicalizados que dirige Pablo Serna, continuará latente hasta que no haya una respuesta en pesos y centavos de la dependencia, que otra vez apunta a retrasar esos recursos, como el año pasado.
FORMAL.- Mientras eso se agenda para la siguiente semana, los que también alistan su paro son los empleados de Pensiones Civiles del Estado, que ya hicieron el anuncio formal de la suspensión de actividades en todas las áreas, salvo la de Urgencias, para el próximo viernes, aunque ellos con el reclamo de los despidos masivos de personal.
ROJOS.- Un mensaje del nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, generó algunas dudas entre las corporaciones del ramo estatales y federales, pues habló del despliegue de 50 mil marinos y militares por el país, en lo que se discuten las reformas para la creación de la Guardia Nacional, así como de focos rojos en los estados.
ROJOS I.- Lo sorprendente es que desde el centro del país, dicen, es que observan 6 estados como focos rojos: Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Puebla, Tamaulipas y Nuevo León. Así es, no aparece Chihuahua en la lista, cuando es muy evidente que siempre ocupa los deshonrosos primeros lugares en inseguridad y violencia.
ROJOS II.- Hay varias versiones que pudieran explicar la exclusión. Unos dicen que el secretario hablaba específicamente del robo de combustible, el huachicoleo pues, y aunque en Chihuahua sí hay bandas dedicadas a ello, el problema no es tan grave como en los anteriores, que tienen eso como prioridad.
ROJOS III.- Otros apuntan que el estado ya no está en rojo, sino en lo que le sigue, y ya se ve como plaza perdida, de ahí que haya quedado fuera del listado de esos focos, que se consideran recuperables y prioritarios para la administración federal y su nueva estrategia de control militar. Como quiera que sea, a ver si hay valientes del Gobierno federal que expliquen exactamente en qué plano se encuentra Chihuahua, en éste que es de los principales problemas nacionales.
DESPLIEGUE.- El despliegue de 50 mil soldados por todo el país, entre los que van cientos que conforman la Policía Militar, se ha cuestionado con todo tipo de argumentos, sobre todo en materia de derechos humanos y por cuestiones políticas, pero poco se ha reparado en las consecuencias jurídicas.
POLICÍA.- La Policía Militar, indican los conocedores, tiene funciones limitadas al fuero castrense, es decir que previene, investiga y coadyuva en la sanción de conductas irregulares al interior de las fuerzas armadas, pero no al exterior, donde hay otras corporaciones bajo mando de los gobiernos federal, estatal y municipal, con esa misma función preventiva, investigativa y acusatoria.
POLICÍA I.- Entonces, una detención de la Policía Militar contra un civil, incluso en términos de la flagrancia o con orden formal de aprehensión, puede ser atacada en tribunales, dadas las limitadas funciones de ésta corporación del Ejército, razón por la que es urgente regular su labor y adaptar el marco jurídico que requiere o su trabajo podría ser en vano.
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