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Acudir al predio ganadero de Joel LeBarón ubicado en el municipio de Buenaventura fue un acuerdo de la mesa de Medio Ambiente de la Alerta de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, luego de la denuncia de apertura de tierras y pozos ilegales.
El operativo se realizó el miércoles por la mañana, al que acudieron funcionarios de Conagua, Profepa, PGR, Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Rural, apoyados por la Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Al llegar al predio la puerta estaba abierta, se les informó que la abrieron los productores de la región que se dicen afectados por la apertura de los pozos ilegales.
Ingresaron hasta donde se encontraban familiares de los hermanos LeBarón, quienes sólo accedieron a que ingresaran al predio los inspectores y representantes de Conagua y Profepa, además de pedir que se identificaran todos los que acudían por parte de Gobierno.
Al estar dialogando, llegó Joel LeBarón custodiado por 3 unidades de la Policía Federal. El productor se dirigió de manera particular a Martín Solís, director de Fomento Agropecuario, lo hizo de manera altanera, prepotente y agresiva, situación que se ventila en videos que ya circulan en las redes sociales. El funcionario estatal no respondió, y decidió permanecer fuera del predio. Sólo se quedaron los representantes de Conagua y Profepa.
Ante la negativa de permitir que el personal de Conagua y Profepa recorrieran el predio, el delegado de Conagua, Kamel Athie, tuvó contacto telefónico con los productores inconformes diciéndoles que detuvieran el operativo por no autorizar Joel LeBarón la inspección.
Esto molestó a los agricultores, quienes ingresaron al predio y recorrieron el lugar, ahí detectaron un pozo agrícola en operación y con un predio de nogales en una superficie de 118 hectáreas y con un total de 16 mil 382 nogales. Además encontraron 11 pozos ya perforados y ademados en el predio, los cuales estaban cubiertos con tierra para ocultarlos.
Se especificó que Conagua sólo haría una visita de inspección por probables 3 pozos ilegales, sin embargo la situación es aún más grave, ya que en el predio de 8 mil hectáreas pueden existir más pozos perforados sin concesión de agua por ser un acuífero en veda desde 1957.
Los afectados por la apertura de tierras y de pozos agrícolas ilegales en esta zona son el ejido Constitución que cuenta con mil ejidatarios de los cuales sólo 400 cuentan con agua para riego. El ejido Nuevo Lajas que tiene 10 pozos. El ejido Benito Juárez con 400 ejidatarios y los ejidos y propiedades rurales del municipio de Ahumada, entre ellos las familias Fuentes, Escobar, Gómez, Almeida, Zaragoza y Mares, quienes han visto el abatimiento de los acuíferos de la región y ven como una amenaza la apertura de más tierras.
Además se señaló que desde el 2012 en la región no se ha permitido ninguna nueva perforación de pozos sin concesión, sobre todo porque las comunidades y poblaciones se ven afectadas al contar con poca agua potable.
