Por lo menos 90 empresas de seguridad privada se encuentran registradas ante la Fiscalía General del Estado, pero alrededor de 20 son las que verdaderamente operan con todos los requisitos necesarios o mantienen vigente cada uno de los documentos, certificaciones y afiliaciones en el Seguro Social.
A pesar de que se hable de 200 empresas operando en el estado, de las cuales 90 son legales, 100 ilegales y 10 se encuentren en trámite, existen por lo menos 70 que no registran trabajadores en el Seguro Social, pues sólo el patrón o dueño se encuentra activo, pero no tienen ningún trabajador cotizando en esta institución.
Sólo 20 de ellas son establecidas y formales, como es el caso de la empresa Servicio Pan Americano de Protección SA de CV, que tiene más de cien trabajadores inscritos en el Seguro Social, además de tener actualizadas todas las certificaciones, revalidaciones y documentos de cada uno de los trabajadores y opera en otras partes del país como Tijuana, Baja California Sur, Sonora, Durango, entre otras más.
Caso contrario pasa con la mayoría de las empresas que están debidamente registradas ante la Fiscalía, pero que no están al corriente con los documentos como el caso de la empresa Seguridad Privada y Vigilancia del Bravo SA de CV que se encuentra activo en el Seguro Social, pero que en cambio no tiene a ningún trabajador afiliado al mismo, es decir que sus trabajadores no cuentan con seguridad social y mucho menos laboral.
Existen otros casos como la empresa Seguridad Privada Seprekor S de RL de CV, que está inscrita ante el Seguro y sólo tiene un trabajador afiliado, lo que es una práctica muy general entre las empresas, según los registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde realizan movimientos estratégicos para suspender la seguridad laboral a los trabajadores a fin de economizar recursos.
Los registros de las empresas de seguridad privada en el estado no se han formalizado del todo, a pesar de existir una ley que los regula, una dependencia que los certifica, existen aún “lagunas” legales que permiten que estas empresas realicen sus labores sin contratiempos y puedan operar bajo un esquema de ilegalidad.
Según los registros de la propia Fiscalía General del Estado, existen por lo menos 5 mil 200 personas que se encuentran trabajando de forma ilegal, ya que no cuentan con certificación, cédula y no cumplen con los requisitos para su operación dentro de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chihuahua.
A su vez, un estimado de 100 empresas en el estado trabajan en las mismas condiciones de ilegalidad, mientras que otras 90 están formalmente establecidas y 10 más están en proceso de entrar a la normatividad, pero no existe una sanción para aquellas que no deseen estar reguladas por la corporación.
Actualmente existe un padrón de mil 800 personas que se encuentran registradas y activos ante la Fiscalía General del Estado, quienes cumplen con los requisitos necesarios, como certificación y cédula que los identifica y acredita como elementos de seguridad privada por alguna empresa encargada de este ejercicio de vigilancia.
En este amplio mundo laboral de seguridad, existe un importante número de inconsistencias y de irregularidades, ya que constantemente estos trabajadores son despedidos de manera injustificada, otros más no cuentan con seguro social y los sueldos y prestaciones se manejan bajo el ordenamiento los patrones.
El procurador de la Defensa del Trabajador, Rubén Félix Acosta, explica que la afiliación al Seguro Social, para cada uno de los trabajadores de cualquier empresa, y principalmente de aquellas que prestan el servicio de seguridad, es indispensable para cubrir las prestaciones sociales del trabajador y estar asegurado para cualquier imprevisto que se genere durante sus labores.
Comenta que los trabajadores pueden sufrir algún percance o accidente y si los patrones no tienen afiliados a los empleados, quedarían sin servicio médico, prestaciones e incapacidades, por lo cual, reitera la importancia de tener a los trabajadores inscritos en el Seguro Social, como marca los derechos de los trabajadores.
Marlene Varela era elemento de seguridad de la empresa Fuerzas Especiales Básicas y al ser baleada en la caseta de Cantera V, el pasado mes de abril, la empresa de seguridad la dejo a su suerte y después del incidente que casi le arrebata la vida, se percató que nunca había sido afiliada al Seguro Social, por lo cual quedó desprotegida en el servicio médico y laboral, ya que no pude recibir una pensión por la incapacidad que se le generó a raíz del ataque.
