“Sí creo que hay algo que ver… no creo que fue sólo un asesinato político, tiene que ver con muchos lados”, respondió el líder activista Adrián LeBarón desde Phoenix, Arizona, al ser cuestionado por El Heraldo de Chihuahua sobre los grupos del crimen organizado que presuntamente están detrás de la masacre de la familia LeBarón y ahora por el asesinato de su abogado, Abel Murrieta, quien además era candidato de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Cajeme, Sonora.
Aseguró que de nueva cuenta estarán pidiendo la ayuda del FBI para poder llegar hasta las últimas consecuencias por el homicidio de su abogado, el cual -dijo- es la continuación de la masacre en contra de su familia en Bavispe.
LeBarón, quien estaría reuniéndose el día de hoy en Tijuana, Baja California, con su defensor, reveló que desde hace un par de semanas Murrieta le había comentado que necesitaba verlo en persona para hablar de temas que no podían dialogar por llamada telefónica, “ahora intentaré saber a través de su familia qué era lo que me quería decir”, expresó.
Es muy fácil –expresó Adrián- tapar y callar a los que se callan, a los miedosos, pero ni Abel ni yo somos de este tipo, la única manera de callarlos es de esta manera (asesinarlos), él murió como un mártir de la procuración de justicia.
Al preguntarle si teme por su integridad, dijo: “no se siente uno con las fuerzas, él es un mártir de esta lucha, él murió mártir, espero que la historia le reconozca a él esta lucha, que no quede como un bulto, igual que a mí si un día me matan, espero me recuerden como un buscador de la justicia”.
Explicó que una firma de abogados de Arizona y California le recomendaron a Abel Murrieta, exprocurador de Sonora, para que llevara el proceso judicial luego de la masacre de su familia ocurrida el pasado 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora.
Ante esto, “les dije que sí, claro, yo sí quería que un procurador me ayude en mi caso, hubo voces en contra pero me las sacudía, pero para mí qué mejor que un procurador, él quería que se castigara, que se llamara a la justicia en ambos casos, los de Sonora y Chihuahua; se ha inclinado la balanza para Chihuahua y no han volteado a ver en Sonora, él se metió de fondo en las carpetas de investigación en Sonora”.
Por su parte, Julián LeBarón aseguró que estos hechos de sangre confirman que en México se vive un narcoterrorismo, que “sigue siendo narcoterrorismo, nosotros seguiremos combatiendo, aunque el gobierno nos deje solos”, expresó el líder activista, mismo que dio a conocer de la reunión que sostendrían en Tijuana, Baja California, Adrián LeBarón, Abel Muerrieta, Antonio Martínez, abogado también de la familia LeBarón y exprocurador de Baja California, así como un despacho de abogados de San Diego, California, quienes son el cuerpo legal que lleva la denuncia ante la FGE en contra de ocho funcionarios del gobierno de Chihuahua y Sonora.
Recordó también que este despacho de abogados en San Diego, California, fueron los que interpusieron una demanda en contra del Cártel de Juárez como presuntos responsables de la masacre en contra de la familia LeBarón, ocurrida en nombre de 2019, querella que radica en una corte del estado de Dakota del Norte.
Adrián LeBarón enfatizó que la masacre de su familia y el asesinato de su abogado tienen que ver con los mismos grupos criminales que estuvieron detrás, “sí creo que hay algo que ver a los dos días de matar a mi hija, el 6 de noviembre de 2019, entraron unas llamadas del teléfono de mi hija desde Hermosillo, ¿qué andaba haciendo el teléfono ahí en Hermosillo? Hay colusiones, yo sé que un tal ‘Jaguar’ se pasea como en su casa en ambos estados (Sonora y Chihuahua), yo no sé qué tanto creían que iban a dañar a esta investigación al asesinar a Abel”.
La familia LeBarón presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República el pasado 4 de mayo contra Claudia Pavlovich y Javier Corral, gobernadores de Sonora y Chihuahua, respectivamente, así como a funcionarios federales y de ambos estados por la masacre en Bavispe.
El motivo es por presuntos delitos de abuso de autoridad, encubrimiento, terrorismo y desplazamiento forzado, además se emitió una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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