El éxodo de migrantes desde Centroamérica hacia Estados Unidos comienza a poner en aprietos a las autoridades mexicanas, según organizaciones promigrantes y de derechos humanos, que aseguran que las detenciones se han incrementado y con ello han surgido problemas de hacinamiento y padecen por mala alimentación.

De acuerdo con el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, que agrupa a 14 organizaciones, los migrantes en estaciones de detención permanecen en condiciones indignas de hacinamiento, falta de protocolos y medidas de bioseguridad ante el Covid-19, espacios insalubres, falta de alimentación adecuada y nula atención médica. “El personal de seguridad privada utiliza lenguaje amenazante y abusivo con las personas detenidas y no se les garantiza el derecho a comunicarse con el exterior”, alertó. También denunció que los menores y familias pasan muchos días en los centros de procesamiento del Instituto Nacional de Migración (INM), cuando, después de las reformas a las leyes de Migración y sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en vigencia desde noviembre pasado, los menores y sus familiares no deben permanecer en centros de detención, sino ser trasladados de inmediato a albergues a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF).

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Asimismo, asegura que el INM pone en práctica deportaciones inmediatas que no permiten a un migrante solicitar asilo en nuestro país.

Rey David Ruiz, coordinador de la organización La Morada de Comitán que pertenece al Colectivo, expuso, a través de un comunicado, que han participado en monitoreos en distintos centros de procesamiento del INM en el sureste mexicano y en todos se dan situaciones similares de hacinamiento y maltrato a migrantes. “La situación ya se está saliendo de control y ante el desborde de menores migrantes y familias, las autoridades mexicanas ha tenido que contactar a albergues de organizaciones civiles para que se hagan cargo del cuidado de los menores, pero estos albergues no tienen ni la capacidad ni la formación para atender a la niñez migrante, por lo que los cuidados no cumplirán con los estándares internacionales”, finalizó el Colectivo.

El pasado 19 de marzo, el Gobierno de México desplegó a integrantes de la Guardia Nacional, del Ejército y del INM a la frontera sur para contener la llegada de migrantes de Centroamérica, en lo que las autoridades llamaron un operativo humanitario para rescatar personas.