/ lunes 24 de septiembre de 2018

Estados Unidos va contra migrantes que reciben asistencia pública

La norma propuesta impediría que personas que obtienen beneficios públicos como servicios médicos bajo el programa Medicaid

WASHINGTON, DC. El gobierno del presidente Donald Trump emitió una norma que impediría que migrantes que reciben ciertos tipos de asistencia pública obtengan permisos de residencia o visas de ingreso al país, informó el Departamento de Seguridad Interior (DHS).

La norma propuesta impediría que personas que obtienen beneficios públicos como servicios médicos bajo el programa Medicaid, así como cupones de alimento o viviendas, permanezcan en el país, señaló en un comunicado.

La propuesta, que puede convertirse en una reglamentación oficial después de un período de comentario público de 60 días, aumentaría las restricciones que ya existen para el otorgamiento de permisos de residencia y visas.

Las normas en curso impiden que personas que reciben ayuda en efectivo del gobierno federal puedan recibir permisos de residencia bajo la regla conocida como “carga pública”, que busca restringir el ingreso o la permanencia en el país de personas que representarían un gasto para la economía.

La secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, indicó en el comunicado que la ley de Estados Unidos ya establece que aquellos que buscan inmigrar a este país deben demostrar que pueden mantenerse económicamente.

“Esta regla propuesta implementará una ley aprobada por el Congreso con la intención de promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos limitados garantizando que no es probable que se conviertan en una carga para los contribuyentes estadunidenses”, afirmó.

La medida podría obligar a millones de inmigrantes que dependen de la asistencia pública para obtener alimentos o vivienda a elegir entre aceptar ayuda financiera o buscar un permiso de residencia para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Los inmigrantes mayores, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados de bajo costo a través del programa Medicare, también podrían verse obligados a renunciar a tales servicios.

La medida no apunta a afectar a personas que ya tienen residencia legal, aunque grupos civiles señalaron que incluso estas personas podrían renunciar a obtener beneficios para evitar poner en riesgo su estatus migratorio.

La regulación, que afectaría a unas 382 mil personas al año, es la más reciente de una serie de medidas tomadas por el gobierno del presidente Donald Trump para frenar la migración, tanto documentada como irregular.

La regla afectaría a las personas que buscan inmigrar a Estados Unidos de manera permanente y a otras que se encuentran en el país con visas temporales, incluidos estudiantes y trabajadores, que buscan permanecer en el país.

Javier Valdés, director ejecutivo del organismo civil se Hace Camino Nueva York, consideró que la propuesta marca una escalada dramática del gobierno de Trump para “criminalizar la pobreza en comunidades de color en todo el país”.

Precisó que si se aprueba la propuesta los niños estadunidenses nacidos de padres migrantes que reciban ayuda del gobierno podrían ser “usados como un arma” contra sus familias, que quedarían con la opción de renunciar a los beneficios para sus hijos o aspirar a la residencia legal en Estados Unidos.


Gobierno de Trump propone medidas contra migrantes legales que reciban ayudas

Washington, 22 sep (EFE).- El Gobierno Donald Trump propuso hoy una nueva reglamentación para que a los inmigrantes que reciben legalmente beneficios públicos, como la asistencia alimentaria y los vales de vivienda, se les pueda negar la residencia permanente.

La medida podría obligar a millones de inmigrantes pobres que dependen de la asistencia pública para alimentos y vivienda a hacer una elección difícil entre aceptar ayuda financiera o lograr la residencia permanente, conocida como "Green Card" (tarjeta verde) para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en un comunicado que la medida es acorde con la ley vigente.

"De acuerdo con la ley federal de larga data, aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente", apuntó.

"El Departamento se toma en serio su responsabilidad de ser transparente en sus reglamentaciones y está dando la bienvenida al comentario público sobre la regla propuesta", añadió.

Según Nielsen, esta reglamentación implementará una ley aprobada por el Congreso con "la intención de promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos limitados" garantizando que "no se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses".

Los inmigrantes de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo costo a través de programas subsidiados, también podrían verse obligados a dejar esas ayudas o arriesgarse a ser considerados "carga pública", lo que no les permitiría obtener el estatus de residente legal.

La regulación, que según la administración afectaría a unas 382,000 personas al año, es la más reciente de una serie de medidas enérgicas del presidente estadounidense Donald Trump y sus asesores de línea dura sobre inmigración legal e ilegal.

Aunque la medida no pretende afectar a los inmigrantes a quienes ya se les han otorgado residencia permanente, los defensores de los derechos de los migrantes temen que incluso ellos dejen de usar los beneficios públicos para proteger su estatus migratorio. EFE


los inmigrantes en la disyuntiva de elegir entre recibir beneficios sociales, como comida o ayuda médica subsidiada, o hacerse residentes legales.


WASHINGTON, DC. El gobierno del presidente Donald Trump emitió una norma que impediría que migrantes que reciben ciertos tipos de asistencia pública obtengan permisos de residencia o visas de ingreso al país, informó el Departamento de Seguridad Interior (DHS).

La norma propuesta impediría que personas que obtienen beneficios públicos como servicios médicos bajo el programa Medicaid, así como cupones de alimento o viviendas, permanezcan en el país, señaló en un comunicado.

La propuesta, que puede convertirse en una reglamentación oficial después de un período de comentario público de 60 días, aumentaría las restricciones que ya existen para el otorgamiento de permisos de residencia y visas.

Las normas en curso impiden que personas que reciben ayuda en efectivo del gobierno federal puedan recibir permisos de residencia bajo la regla conocida como “carga pública”, que busca restringir el ingreso o la permanencia en el país de personas que representarían un gasto para la economía.

La secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, indicó en el comunicado que la ley de Estados Unidos ya establece que aquellos que buscan inmigrar a este país deben demostrar que pueden mantenerse económicamente.

“Esta regla propuesta implementará una ley aprobada por el Congreso con la intención de promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos limitados garantizando que no es probable que se conviertan en una carga para los contribuyentes estadunidenses”, afirmó.

La medida podría obligar a millones de inmigrantes que dependen de la asistencia pública para obtener alimentos o vivienda a elegir entre aceptar ayuda financiera o buscar un permiso de residencia para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Los inmigrantes mayores, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados de bajo costo a través del programa Medicare, también podrían verse obligados a renunciar a tales servicios.

La medida no apunta a afectar a personas que ya tienen residencia legal, aunque grupos civiles señalaron que incluso estas personas podrían renunciar a obtener beneficios para evitar poner en riesgo su estatus migratorio.

La regulación, que afectaría a unas 382 mil personas al año, es la más reciente de una serie de medidas tomadas por el gobierno del presidente Donald Trump para frenar la migración, tanto documentada como irregular.

La regla afectaría a las personas que buscan inmigrar a Estados Unidos de manera permanente y a otras que se encuentran en el país con visas temporales, incluidos estudiantes y trabajadores, que buscan permanecer en el país.

Javier Valdés, director ejecutivo del organismo civil se Hace Camino Nueva York, consideró que la propuesta marca una escalada dramática del gobierno de Trump para “criminalizar la pobreza en comunidades de color en todo el país”.

Precisó que si se aprueba la propuesta los niños estadunidenses nacidos de padres migrantes que reciban ayuda del gobierno podrían ser “usados como un arma” contra sus familias, que quedarían con la opción de renunciar a los beneficios para sus hijos o aspirar a la residencia legal en Estados Unidos.


Gobierno de Trump propone medidas contra migrantes legales que reciban ayudas

Washington, 22 sep (EFE).- El Gobierno Donald Trump propuso hoy una nueva reglamentación para que a los inmigrantes que reciben legalmente beneficios públicos, como la asistencia alimentaria y los vales de vivienda, se les pueda negar la residencia permanente.

La medida podría obligar a millones de inmigrantes pobres que dependen de la asistencia pública para alimentos y vivienda a hacer una elección difícil entre aceptar ayuda financiera o lograr la residencia permanente, conocida como "Green Card" (tarjeta verde) para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en un comunicado que la medida es acorde con la ley vigente.

"De acuerdo con la ley federal de larga data, aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente", apuntó.

"El Departamento se toma en serio su responsabilidad de ser transparente en sus reglamentaciones y está dando la bienvenida al comentario público sobre la regla propuesta", añadió.

Según Nielsen, esta reglamentación implementará una ley aprobada por el Congreso con "la intención de promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos limitados" garantizando que "no se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses".

Los inmigrantes de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo costo a través de programas subsidiados, también podrían verse obligados a dejar esas ayudas o arriesgarse a ser considerados "carga pública", lo que no les permitiría obtener el estatus de residente legal.

La regulación, que según la administración afectaría a unas 382,000 personas al año, es la más reciente de una serie de medidas enérgicas del presidente estadounidense Donald Trump y sus asesores de línea dura sobre inmigración legal e ilegal.

Aunque la medida no pretende afectar a los inmigrantes a quienes ya se les han otorgado residencia permanente, los defensores de los derechos de los migrantes temen que incluso ellos dejen de usar los beneficios públicos para proteger su estatus migratorio. EFE


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