La Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, logró la apertura de un proceso penal en contra del expolicía municipal Ricardo Samuel M. P., acusado por la desaparición de dos jóvenes cuyos cuerpos sin vida fueron localizados en el ejido Carrizalillo, en marzo del 2021.
Tras permanecer prófugo durante poco más de un año, el imputado se entregó a la justicia, por lo que fue presentado ante los Tribunales donde un agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba que acreditan su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas.
La acusación en su contra refiere que el 27 de febrero del año 2021, entre las 20:00 y 21:00 horas, al exterior de un local comercial ubicado en la colonia Sierra Azul, en compañía de diversos policías municipales, detuvieron a dos jóvenes, a quienes subieron en una unidad oficial.
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Días más tarde, ambos jóvenes fueron localizados sin vida en una fosa clandestina en el ejido Carrizalillo, del municipio de Chihuahua.
A través de una exhaustiva investigación realizada con los más altos estándares internacionales por un equipo especializado de Agentes del Ministerio Público, Analistas de Contexto, Policías de Investigación y Peritos, se obtuvieron elementos de prueba para establecer la probable responsabilidad, entre otros, del imputado Ricardo Samuel M. P.
Fue en abril del 2021 cuando un Juez otorgó la orden de aprehensión con lo que se inició la búsqueda de los presuntos responsables. El pasado 06 de abril del presente año, el ahora imputado se entregó a las autoridades en las instalaciones del C-4.
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Con base en lo expuesto por esta representación social, el Juez de Control conocedor de la Causa Penal, dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por lo que enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Actualmente, otros dos expolicías municipales involucrados en estos hechos, se encuentran sustraídos de la acción de la justicia.
El delito de Desaparición Forzada de Personas contempla una pena de 40 a 60 años de prisión, pues vulnera múltiples derechos humanos de las víctimas y de sus familiares.
Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado, a través de su Fiscalía de Derechos Humanos, continúa priorizando el combate a la impunidad en los casos de Desaparición de Personas y la búsqueda del acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño para las víctimas.
