1961 fue un año que en Chihuahua se caracterizó por un impresionante crecimiento económico, pero también por un notable abandono de la población marginal, especialmente de los obreros.
Presidía el municipio de la capital Jesús Olmos Moreno, distinguido basquetbolista, medallista de bronce para México, en los Juegos Olímpicos de Berlín, en el año 1936. El funcionario ante la evidente falta de vivienda y deterioro de la misma participó en un “Catastro de Vivienda”, dirigido por Ignacio González Estavillo, titular de Servicios Coordinados de Salubridad en el estado.
Se reportó, sólo para la ciudad capital, que, de 5,310 casas censadas, 2,417 se caracterizaron como “buenas”, 1,169 “regulares” y 1,729 “inhabitables”, estas últimas a punto de caerse, con pisos de tierra, la mayoría sin agua y drenaje, distinguiéndose más de 400 vecindades con miles de personas aglomerados en cuartos familiares con un promedio de 40 inquilinos por retrete.
Este panorama nunca fue resuelto ni por oficialidad ni patrones, pero sí motivó primero a la conformación del Frente Inquilinario en 1962 y posteriormente, en 1968, al nacimiento del Movimiento urbano Popular, organización que a través de cientos de invasiones logró que, en la ciudad de Chihuahua, 4 de cada 10 de sus habitantes vivieran en colonia de invasión en 1972.
Estos antecedentes debieran servir para llamar la atención respecto al estado actual de la vivienda que alcanza de acuerdo a Sedatu un déficit de 9.4 millones de acciones habitacionales a lo largo y ancho del país y la mayor parte de la población no tiene acceso a financiamientos que les permitan adquirir una vivienda, especialmente los jóvenes.
Luego, una buena parte de quienes han logrado un crédito sufren porque sus viviendas están alejadas del trabajo, de servicios como educación y hospitales, de tamaños reducidos y otras calamidades como baja calidad e incumplimiento de dotación de servicios lo cual les obliga a pagar pipas de agua y vivir en calles sin pavimento.
Así mismo, muchos de estos “beneficiados” perdieron su patrimonio a consecuencia de fraudes a gran escala, con los que se enriquecieron pocos, en contraste con miles que recibieron créditos hipotecarios para luego perder sus viviendas y pasar a burós crediticios voraces. Del mismo modo, los perjudicados, al caer en impago, fueron víctimas de prestamistas, quienes como zopilotes se cobran con la vivienda para revenderla.
Bueno sería que los gobiernos, los empresarios y otros actores revisaran la experiencia de los sesenta, década en que se presumían “los enormes avances económicos”.
La historia no se repetirá porque cuando ésta se refrenda se convierte en farsa, pero tal vez sea uno de los incentivos para una explosión social ¿Y quiénes la encabezarían?
Desde luego, los jóvenes.