Chihuahua es el estado del país que registró el costo más elevado para abrir un negocio, con 17 mil 302 pesos, cuando el promedio nacional ascendió a 7 mil 043.45 pesos, reportó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
Por el contrario, Yucatán es la entidad federativa más barata en este aspecto, ya que bastan 746.6 pesos para echar a andar una microempresa. A nivel nacional, más del 62% necesita invertir más de 5 mil pesos para lograrlo.
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Aparte, el 87% de los estados realizan mínimo cinco trámites –incluido Chihuahua-, arrojando un promedio nacional de seis acciones de tramitología; en Tepic, Nayarit, se requieren ocho, pero en otras entidades solamente cuatro trámites.
En lo que respecta a tiempos, en el 57% de la extensión de la República Mexicana se tardan más de dos meses, no siendo el caso de Chihuahua. La media nacional fue de 2.8 meses: en ocho estados se tarda medio año, mientras que Oaxaca presentó un tiempo mínimo de dos semanas.
La Anpec resaltó que en México, los esfuerzos de simplificación administrativa, hasta ahora realizados, no corresponden con la dinámica del mercado.
Se evidenció además, que los emprendedores se topan con un muro de trámites demandando cada uno de ellos un universo de requisitos difíciles de cumplir; además de altos costos y “ventanas de tiempo caprichosas, circunstancias que finalmente terminan exigiendo del apoyo de un gestor (coyotaje) que conlleva un costo adicional”.
Lo anterior, debido a que la oportunidad de dar seguimiento puntual a los procesos de esta “compleja” tramitología por pie propio, exige paciencia y tiempo que no se dispone por parte del emprendedor que se encuentra en una disyuntiva de trabajar o dejar de hacerlo para ir a hacer filas e interminables tiempos de espera.
“Sobra decir que la tramititis representa una forma de corrupción en México donde prevalece la idea de cómo obstaculizar la legalidad. Pareciera que en los hechos los distintos niveles de gobierno buscan impedir que la gente trabaje dentro de la ley so pretexto de cualquier cosa, anteponiéndose un conjunto de requisitos que se conforman como un gran muro de contención al emprendiendo y al quehacer productivo”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec.
Agregó que lo anterior provoca un descarrilamiento de la actividad social económica hacia la informalidad, la cual es inflacionaria y que, junto con la inseguridad, las elecciones y la guerra, sostienen un escenario de incertidumbre y encarecimiento del consumo esencial de la población.
Ante este panorama, la Alianza consideró que se requiere convertirnos en una sociedad que promueva la inversión, que permita a los negocios abrir sus puertas y ponerse a trabajar mediante un aviso de apertura a las instalaciones correspondientes, generando con ello fuentes de empleos dignos, para posteriormente, de manera gradual, con la orientación y asesoría debida, se vayan cubriendo paso a paso las distintas regulaciones que se deben observar para su funcionamiento, sin que éstas sean condición para el inicio de sus operaciones.
Asimismo, se aprovechó para externar públicamente que, el pequeño comercio demanda del sector público, especialmente del futuro gobierno, la atención y solución a