La Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha tomado la decisión de separar de sus cargos a los comandantes de la Policía Vial Víctor Sosa Cázares y Alejandro Vargas Montes, luego de recibir denuncias en su contra por presunto acoso laboral, por lo que estarán bajo investigación para determinar su responsabilidad en relación a estas acusaciones.
La separación de ambos comandantes se llevó a cabo siguiendo la instrucción del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, quien solicitó una investigación exhaustiva sobre las denuncias presentadas. Durante el proceso de investigación, los agentes han sido retirados de sus cargos y áreas de trabajo, y se les ha prohibido portar armas y supervisar personal de la corporación de Vialidad.
Fue la agente de Vialidad Gabriela Ramírez quien presentó las denuncias de acoso laboral, hostigamiento y otras conductas que afectaban su estabilidad en el trabajo, al igual que otras personas. Gabriela afirmó que los comandantes le prohibían realizar sus labores correctamente y que sufría maltrato público frente a sus compañeros.
La víctima buscó apoyo en instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero no obtuvo respuesta. Presentó pruebas en forma de audios y mensajes que respaldaban sus denuncias, pero afirma que no se tomaron medidas para garantizar su seguridad y que incluso se respaldó y alentó a su acosador.
La Secretaría de Seguridad Pública ha manifestado su compromiso de no tolerar actos indebidos en la corporación, y esta separación de los comandantes es parte de ese compromiso. Continuarán las investigaciones para determinar la responsabilidad de los acusados y se espera que se anuncien los nombres de los nuevos comandantes que ocuparán sus cargos.
Comandantes suspendidos y desarmados
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó sobre la decisión de separar ayer de su cargo a dos comandantes de la Policía Vial, luego de recibir una serie de denuncias por presunto acoso laboral; actualmente se encuentran bajo investigación para determinar su responsabilidad en relación a estas acusaciones.
La medida se tomó siguiendo la instrucción del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, quien solicitó una investigación exhaustiva sobre las denuncias presentadas contra estos dos elementos.
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Los comandantes identificados como Víctor Sosa Cázares y Alejandro Vargas Monge fueron denunciados por la agente Gabriela Ramírez, quien afirmó ser víctima de acoso laboral, hostigamiento y otras conductas que afectaban su estabilidad en el trabajo, como la de otras personas.
Actualmente, los agentes han sido removidos de sus cargos y áreas de trabajo, mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente. Se les ha prohibido portar armas y supervisar personal de la corporación de Vialidad hasta que se resuelva el caso, mientras continuarán en un área administrativa para no influir en la resolución de la investigación.
Gabriela Ramírez, la agente de Vialidad, fue quien declaró ante El Heraldo de Chihuahua que no había obtenido respuesta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Buscaba poner fin a este tipo de agresiones en su contra y fue lo que la motivó a comenzar a publicitar su caso.
La agente presentó pruebas en forma de audios y mensajes que demostraban que no sólo se le alzaba la voz, sino que también recibía amenazas y burlas despectivas. Sin embargo, según Gabriela, no se tomó ninguna medida para garantizar su seguridad, e incluso se alentó y respaldó a su acosador.
Estos comandantes han sido compañeros de trabajo de Gabriela Ramírez durante al menos 14 años, y se alega que, en lugar de tener una relación laboral cercana, han provocado que varias agentes compañeras finalicen prematuramente su contrato y que Gabriela desarrolle problemas de ansiedad y depresión.
La primera denuncia de Gabriela fue presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde afirmó que los altos mandos expresaron que el titular de la institución tomaría partido a favor de los denunciados debido a su amistad con ellos.
También se presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, generando el Oficio SFP-OIC-SSPE-139-2023, en el cual se hizo comparecer a los funcionarios públicos señalados por supuesto abuso laboral en su contra, pero no sería hasta el pasado 6 de julio, cuando se determinó separarlos del cargo.
En una declaración con este medio de comunicación, Gabriela relató las acciones que sufría de los comandantes, quienes le prohibieron realizar sus labores de manera adecuada: "No podía atender accidentes viales, salir de una avenida, ni siquiera me dejaba ir al baño, desayunar ni comer. Llegó un momento en el que él me vigilaba tanto que tenía que reportarme con él para demostrar que estaba trabajando... El maltrato era en público, frente a mis compañeros, muchas veces incluso les causaba gracia", comentó la agente con tristeza.
Gabriela, quien disfruta su trabajo, siempre ha intentado cumplir con sus responsabilidades de acuerdo a las normativas establecidas. Por esta razón, cuando trataron de encontrar evidencia en su contra mediante revisiones de su expediente disciplinario o de salud, no encontraron pruebas que respaldaran su despido o alguna forma de represalia.
El secretario Gilberto Loya, en reiteradas ocasiones, ha manifestado que no se van a tolerar actos indebidos en la corporación a su cargo, incluso parte de esta instrucción ha sido el despido de al menos 340 elementos que fueron señalados de haber participado en actividades ilícitas.
