/ jueves 20 de julio de 2023

Bajo la lupa presuntos desvíos de becas; ordena juez federal auditar a Bienestar

SFP y OIC están obligados a investigar las sedes de la delegación federal en la capital, Aldama y Aquiles Serdán

Un juez federal ordenó a la Secretaría de la Función Pública Federal y al Órgano Interno de Control de la Secretaría del Bienestar iniciar con los trabajos de revisión y auditoría dentro de la Subdelegación del Bienestar en Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán, para atender la denuncia por el presunto robo de las Becas para el Adulto Mayor.

Lo anterior, luego de que el ciudadano Hugo Ruiz Esparza, exempleado de la dependencia federal, denunciara una presunta red de corrupción encargada de realizar acciones fraudulentas para apoderarse del dinero de las becas mencionadas.

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El ex servidor público denunció ante la Secretaría de la Función Pública Federal y ante la Fiscalía General de la República el presunto robo de las becas, lo que pretende acreditar por medio de algunos documentos, formatos foliados, testimonios de afectados, así como de información obtenida por medio de transparencia del propio Bienestar.

Tras considerar que las dependencias mencionadas no estaban actuando en consecuencia a su denuncia, se interpuso un amparo en donde se solicitó la orden de un juez para obligar a las instancias federales a realizar el proceso de auditoría.

Luego de la promoción de dicha herramienta jurídica, el juicio de amparo indirecto 879/2023-VI-1 obtuvo una resolución definitiva, la cual fue notificada a las partes involucradas, el pasado martes 18 de julio, por lo que entraría en efecto a partir de este miércoles 19 de julio y los días subsecuentes.

Dentro de los resolutivos se establece que la Secretaría Técnica de la Función Pública Federal, así como la Presidencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, atiendan de manera inmediata el trámite de denuncia presentado por Hugo Ruiz, a quien se le debe otorgar el carácter de denunciante y se le dé la intervención que le corresponde como parte activa de todas las fases o etapas del procedimiento de responsabilidad.

Esto incluye la investigación para lo que se deberá permitir en todo momento, alegar audiencias, ofrecer pruebas interponer recursos, así como cualquier situación que resulte necesaria para la defensa de sus pretensiones.

“La presente resolución se vincula al cumplimiento a las siguientes autoridades: Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad a través de la Dirección General de Denuncias e Investigación; Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría del Bienestar”, expone el documento.

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Cabe mencionar que el ciudadano Hugo Ruz Esparza denunció públicamente y ante instancias federales, el presunto robo de dinero que correspondía a beneficiarios del apoyo asistencial para los adultos mayores por parte del Bienestar.

Según el denunciante, en un principio se pensó que se habrían fraguado entre 3 mil y 4 mil robos, sin embargo, tras las indagatorias que ha realizado y las denuncias que ha recibido por parte de presuntos afectados, actualmente contabiliza 6 mil 236 casos, con un promedio de 4 mil pesos de afectación por cada uno.

En este sentido, Hugo Ruiz Esparza señaló que el monto de lo que presuntamente fue robado podría ascender a cerca de 25 millones de pesos.

Un juez federal ordenó a la Secretaría de la Función Pública Federal y al Órgano Interno de Control de la Secretaría del Bienestar iniciar con los trabajos de revisión y auditoría dentro de la Subdelegación del Bienestar en Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán, para atender la denuncia por el presunto robo de las Becas para el Adulto Mayor.

Lo anterior, luego de que el ciudadano Hugo Ruiz Esparza, exempleado de la dependencia federal, denunciara una presunta red de corrupción encargada de realizar acciones fraudulentas para apoderarse del dinero de las becas mencionadas.

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El ex servidor público denunció ante la Secretaría de la Función Pública Federal y ante la Fiscalía General de la República el presunto robo de las becas, lo que pretende acreditar por medio de algunos documentos, formatos foliados, testimonios de afectados, así como de información obtenida por medio de transparencia del propio Bienestar.

Tras considerar que las dependencias mencionadas no estaban actuando en consecuencia a su denuncia, se interpuso un amparo en donde se solicitó la orden de un juez para obligar a las instancias federales a realizar el proceso de auditoría.

Luego de la promoción de dicha herramienta jurídica, el juicio de amparo indirecto 879/2023-VI-1 obtuvo una resolución definitiva, la cual fue notificada a las partes involucradas, el pasado martes 18 de julio, por lo que entraría en efecto a partir de este miércoles 19 de julio y los días subsecuentes.

Dentro de los resolutivos se establece que la Secretaría Técnica de la Función Pública Federal, así como la Presidencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, atiendan de manera inmediata el trámite de denuncia presentado por Hugo Ruiz, a quien se le debe otorgar el carácter de denunciante y se le dé la intervención que le corresponde como parte activa de todas las fases o etapas del procedimiento de responsabilidad.

Esto incluye la investigación para lo que se deberá permitir en todo momento, alegar audiencias, ofrecer pruebas interponer recursos, así como cualquier situación que resulte necesaria para la defensa de sus pretensiones.

“La presente resolución se vincula al cumplimiento a las siguientes autoridades: Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad a través de la Dirección General de Denuncias e Investigación; Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría del Bienestar”, expone el documento.

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Cabe mencionar que el ciudadano Hugo Ruz Esparza denunció públicamente y ante instancias federales, el presunto robo de dinero que correspondía a beneficiarios del apoyo asistencial para los adultos mayores por parte del Bienestar.

Según el denunciante, en un principio se pensó que se habrían fraguado entre 3 mil y 4 mil robos, sin embargo, tras las indagatorias que ha realizado y las denuncias que ha recibido por parte de presuntos afectados, actualmente contabiliza 6 mil 236 casos, con un promedio de 4 mil pesos de afectación por cada uno.

En este sentido, Hugo Ruiz Esparza señaló que el monto de lo que presuntamente fue robado podría ascender a cerca de 25 millones de pesos.

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