Con el objetivo de erradicar la violencia económica que se presenta posterior a la disolución de un matrimonio, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional, Ivón Salazar, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado, a fin de reformar el Código Civil del Estado.
Luego de la separación legal de una pareja, es muy común que las mujeres, especialmente, pasen “de la noche a la mañana” a no tener no solo una relación, sino que se quedan igualmente sin hogar, profesión, trabajo, ni dinero, puesto que, durante el tiempo de matrimonio, se dedican de lleno al hogar.
Por lo anterior, las mujeres se quedan a la deriva junto a sus hijos, por lo que, además del divorcio, tienen que sobrellevar todavía otra serie de situaciones que resultan igualmente complejas.
Al ser Chihuahua la sexta entidad con mayor número de divorcios, son miles las mujeres que se enfrentan a esta situación, la cual implica un proceso jurídico largo y tortuoso previo a poder acceder a una compensación económica.
Explicó que, actualmente, el Código Civil del Estado establece de cierta manera la pensión compensatoria; empero, parece que únicamente se refiere para las concubinas, lo que extiende la violencia a la que son sometidas las mujeres en estos casos.
Por lo anterior, la también presidenta de la Comisión de Igualdad del poder legislativo, propone reformar el artículo 279 del Código antes mencionado, a fin de que se eliminen las restricciones para acceder a esa pensión y, por el contrario, se especifique que aplicará igualmente para después del matrimonio.
Igualmente, se pretende modificar el artículo 268 bis para que los jueces, a la hora de tomar una determinación, lo hagan con perspectiva de género, valorando todos los factores que ponen en desventaja a las mujeres.
“La mujer queda en desventaja, ya que su calidad o ‘rol’ de madre y esposa, le negó la posibilidad de desempeñarse como profesional y que en la última instancia, incide negativamente en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado”, concluyó.
