De acuerdo a los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los Ámbitos Federal y Estatal (CNSIPEE-F) 2023 del INEGI, casi el 58 por ciento de la población privada de su libertad en los 11 Centros de Reinserción Social de la entidad que no ha recibido sentencia, no tiene un estatus jurídico identificado, lo que supera los 4 mil 500 internos en dicha condición.
El censo muestra que en 2022, la cifra de personas privadas de la libertad, fue de 8 mil 967, de los cuales el 20.1 estaba bajo prisión preventiva justificada; 21.9 por ciento, bajo prisión preventiva oficiosa, es decir 42 por ciento no tenía sentencia. Además, señala que otro 57.9 por ciento, no identifica estatus jurídico.
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A nivel nacional, de la población privada de la libertad sin sentencia, 50.2 por ciento estaba en prisión preventiva oficiosa; 23.9 por ciento, en prisión preventiva justificada; 11.4 por ciento, en otro supuesto jurídico y del 14.5 por ciento, no se identificó el tipo de estatus jurídico.
El informe señala que por entidad federativa, el Estado de México y Michoacán de Ocampo, reportan que 100 por ciento de su población privada de la libertad, sin sentencia, se encontraba en prisión preventiva oficiosa.
Además, refiere que entre los 11 Centros Penitenciarios existentes en el estado de Chihuahua (9 estatales y 2 especiales) existen 8 mil 522 camas para internos, sin embargo, la ocupación al cierre de 2022 fue de 105.6 por ciento. Esto significa un aumento del 8.7 ciento respecto a 2021, ya que en este último año referido, se tuvo una ocupación de 91.3 por ciento de camas disponibles.
A nivel nacional, en los ámbitos federal y estatal, la población privada de la libertad, era de 226 mil 116 personas en todo el país. Además, en 2022, el estado de Chihuahua ocupó el segundo lugar en concentrar la mayor cifra de delitos cometidos en el país, con 11 mil 951; la entidad sólo fue superada por el estado de Baja California, que acumuló 20 mil 983 delitos.
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En cuanto a la población privada de la libertad con sentencia, en los centros penitenciarios del país, el 19.1 por ciento (24 mil 955) de los hombres y 16.8 por ciento (1, 075) de las mujeres, recibieron penas privativas de la libertad de entre 5 y menos de diez años.
De la población en internamiento y semi internamiento en centros especializados, un 19.5 por ciento (175) de los hombres y 21.9 por ciento (14) de las mujeres, recibieron sanción de internamiento de 2.6 menos de 3 años.
