Alejandro Domínguez, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua, expuso que está de acuerdo en dos temas que señalados en la carta que el exgobernador César Horacio envió al exmandatario Javier Corral: las fallas en las cuestiones de seguridad, y en que es una realidad el manejo político de las instituciones.
Dejó en claro que conoce el contenido de la carta por los medios de comunicación y que, acorde a lo difundido, en primera instancia coincidió en el manejo de la seguridad, argumentando que ya se ha señalado este tema en el quinquenio anterior que se presentaron muchos errores y fallas, “provocando que la inseguridad creciera como la humedad en el Estado de Chihuahua”.
Domínguez resaltó que lo anterior lo declara con conocimiento de causa, al haber sido presidente de la Comisión de Seguridad en Congreso de 2010 al 2013, “cuando la circunstancia de inseguridad era lo más difícil que teníamos en el Estado”.
En este sentido recordó que se instaló un Consejo Estatal de Seguridad Publica, un Consejo de Cultura de la Legalidad, se generaron más de 228 modificaciones a la Ley, se crearon cuerpos jurídicos del Poder Judicial y una relación institucional entre los tres poderes, esto –dijo-, para garantizar mejores condiciones de paz.
“Todo esto en los cinco años de Corral se dejó de hacer: el Consejo de Seguridad se instaló un año despues de iniciado el gobierno; el consejo de Cultura de la Legalidad no se instaló en cinco años; no hubo relación institucional con los poderes públicos, ni con los otros órganos de gobierno, y eso generó que la inseguridad creciera como la humedad y actualmente estamos viendo efectos nocivos/negativos de la falta de atención en el tema de seguridad”, expuso.
Asimismo opinó que el manejo político de las instituciones para el tema de seguridad, es una realidad y que esto también lo manifestó en su momento siendo diputado federal. “Primero: no se permitió que las personas pudieran llevar sus procedimientos en libertad donde la Ley y la Constitución lo permitían, y eso es lo que tiene situado al Estado en una circunstancia compleja ya que el debido proceso no se cuidó”.
En lo relativo al caso del Juez Samuel Mendoza, quien aseguró haber recibido presiones para vincular a proceso a la actual gobernadora, el presidente estatal del PRI manifestó que si existen los señalamientos, las aseveraciones del propio juez, hay una sanción que aplicarle tanto al Juez como a quien supuestamente ejerció la presión.
