En Chihuahua, el 71 por ciento de las personas en situación de desplazamiento forzado interno tuvieron que salir de su hogar tras ser víctimas de la delincuencia o por recibir amenazas. Los principales causantes del desplazamiento son narcotraficantes, sicarios, talamontes o crimen organizado. Las poblaciones indígenas son las más afectadas.
El Informe del ejercicio de caracterización del desplazamiento interno en Chihuahua fue elaborado por 21 colectivos y organizaciones de la sociedad civil, así como dependencias gubernamentales, auspiciado por Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Servicio Conjunto de Caracterización del Desplazamiento Interno (JIPS).
El ejercicio incluyó encuestas a la población objetivo, víctimas de desplazamiento, quienes residen en albergues o en algún otro espacio. El 39 por ciento de los hogares con personas en situación de desplazamiento forzado interno son liderados por una mujer. Las jefas de familia atribuyen su desplazamiento a asesinato, secuestro, desaparición o reclutamiento forzado de integrantes hombres de la familia.
El 88 por ciento de las personas desplazadas en albergues afirman que huyen por haber sido víctimas de la delincuencia o por haber recibido amenazas, contra el 54% que no estaba en un albergue pero de igual manera es desplazado.
El 61 por ciento atribuye como causa de su último desplazamiento el temor ante el ambiente de violencia e inseguridad como conflictos armados, delincuencia organizada o violencia generalizada. El 13% señalaron que tuvieron que abandonar su hogar debido a conflictos con vecinos o en su comunidad, pero en especial cuando algún vecino se incorpora a grupos del crimen organizado.
En cuanto a los patrones de desplazamiento interno se informó que el 43% de las personas radican en Ciudad Juárez, el 20 por ciento en Chihuahua, el 16% en Hidalgo del Parral y el 14% en Guadalupe y Calvo zona colindante con Durango y Sinaloa.
Las personas desplazadas son originarias de los municipios de Guadalupe y Calvo, Juárez, Chihuahua y Uruachi. Además un 28% se desplazaron de Michoacán y Guerrero hacia Chihuahua, principalmente en Juárez por su cercanía con Estados Unidos de Norteamérica.
La investigación también aborda los impactos del desplazamiento en las mujeres, en primer sitio se encuentra las consecuencias psicológicas o emocionales; seguido de la pérdida de su fuente de ingresos y la pérdida de la familia o amigos. En los varones el primer sitio es la pérdida de su fuente de ingresos.
Un impacto más es la discriminación y estigmatización que sufren. En las personas indígenas también figura la separación del territorio tradicional, sus tradiciones y la pérdida de autosuficiencia.
Además se informa que las personas en situación de desplazamiento no pueden cubrir los gastos básicos de sus hogares, ya que no tienen acceso a empleos dignos y regularmente son el sector informal con salarios bajos, sin opciones para el retiro e incluso ocurren en situaciones de explotación y discriminación.
El miedo también genera efectos en la salud mental de las PDFI tienen pesadillas, insomnio, temor de salir a la calle y afectaciones físicas como la pérdida de peso y otras enfermedades.
El 49 por ciento de las PDFI se enfrentan a inseguridad alimentaria moderada o grave, más del doble que la población no desplazada. La situación es particularmente grave entre las PDFI indígenas, el 58 por ciento de las cuales han dejado de realizar alguna comida por falta de recursos, así como entre la población procedente de áreas rurales, particularmente de la Sierra Tarahumara, quienes solían ser autosuficientes al producir alimentos y criar ganado en las viviendas que habitaban antes del desplazamiento.
El 68 por ciento de las PDFI no presentaron una denuncia por el hecho que les desplazó, debido al miedo, la expectativa de falta de efectividad, la desconfianza en la autoridad y la percepción de colusión de las autoridades con el crimen organizado. Frente a esta situación, es importante que puedan denunciar y/o solicitar apoyo de manera accesible y segura, evitando la revictimización y contacto con anonimidad en sus denuncias y con un acompañamiento integral.
