“Nosotros sólo acatamos la instrucción de un juez federal”, dijo Crescencio Domínguez, el inspector de la zona a la que pertenece la Escuela Primaria Pascual Orozco, al entablar diálogo con los padres y madres de familia, quienes aludieron que están violentando los derechos de toda la comunidad escolar, en aras de un matrimonio.
El amparo 2024/2023 que se ventiló en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, la jueza Madhay Soto Morales resolvió que los niños de los quejosos deberán continuar con su educación básica conforme a los planes y programas de estudio de 2017, así como el uso de los libros de texto para esos planes.
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Con dicha resolución los quejosos no pueden ser obligados a usar los libros de texto gratuitos aprobados del ciclo escolar 2023-2024.
Cabe señalar que este amparo forma parte de alrededor de 90 amparos que promovieron las organizaciones Ciudadanos Uniendo Caminos México, México Haciendo Ciudadanía en coordinación con abogados de otros estados del país.
El inspector confirmó que el amparo es individual, sin embargo, para no atentar contra los niños quejosos y que no sufran discriminación se decidió aplicar la medida dictada para todo el grupo.
“Si hacemos algo contrario podemos ir a la cárcel, porque es una disposición oficial por parte de un juez”, mencionó el inspector escolar, quien acudió a la zona del conflicto y además les dijo que el área jurídica de la Secretaría de Educación y Deporte está revisando la situación, debido a que el quejoso también se amparó contra el programa de estudios.
Los padres de familia además señalaron que una de las alternativas es darse de baja de la escuela para que solo le den clases a los quejosos.
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Además analizan la posibilidad de plantarse en la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque aseguran que están violentando los derechos de las niñas, niños, madres y padres de la Escuela Primaria Pascual Orozco. También prevén ir a Palacio de Gobierno para que alguien los escuche.
Hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no aceptó la controversia constitucional interpuesta por el gobierno de María Eugenia Campos Galván y se determinó la distribución de los libros de texto gratuitos.
A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos resolvió que las autoridades en Chihuahua y Coahuila violentaron los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes al no entregar a tiempo los libros de texto gratuito, se violaron el principio del Interés Superior de la Niñez, el derecho humano a la educación, el derecho humano a la igualdad y el derecho humano a la participación.
De acuerdo a la recomendación 21/2024 sobre el caso de violación a los derechos humanos a la educación, a la igualdad, a la participación y al principio del interés superior de la niñez, en agravio de las niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas de educación básica en los estados de Coahuila de Zaragoza y Chihuahua publicada el pasado 9 de febrero, la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el gobernador de Coahuila vulneraron los derechos de las NNA, por lo que se recomienda realizar una investigación a las autoridades responsables, dado que se afectó a 15 mil 234 planteles educativos, en Chihuahua fueron 5 mil 931 planteles de educación básica, de estos 2 mil 776 en la zona rural.
