“El tema como se denominó Operación Justicia tuvo un error de inicio: que violentaron las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, no le dieron la garantía a todos los procesados de llevar sus procesos en libertad porque tenían el derecho de hacerlo”, declaró Alejandro Domínguez, dirigente estatal del PRI.
Expuso que estos amparos que se “tardaron en el tiempo les dieron la razón a todos aquellos que están todavía sujetos a procesos pero que podían llevar sus procesos en libertad, es decir, sin que les decretaran una medida cautelar de prisión preventiva”.
Domínguez refirió que eso es una consecuencia de hacer uso de la justicia con fines políticos, “que fue lo que hizo el gobernador Javier Corral en todo su quinquenio: hacer uso de la justicia para perseguir a los adversarios”.
“Esta es una consecuencia. Todavía no están las sentencias, al final de cuentas habrá sentencias cuando llegue la etapa de resolución, de juicio; pero esta es una consecuencia, reitero, de la auto de vinculación a proceso cuando iniciaron los procedimientos haber decretado medidas cautelares de prisión preventiva, sin tener la justificación constitucional, sin tener la justificación de las tesis jurisdiccionales que existían, y sin tener la justificación en el fondo para que una persona estuviese bajo esa medida”.
Explicó que el Sistema de Justicia Penal es garantista y tiene como propósito el que las personas lleven sus procesos en libertad; pero el gobernador se regresó al sistema inquisitorio y creo que eso le está afectando en la credibilidad a los órganos de justicia del Estado y a los órganos de investigación”.
