Con un presupuesto de 76.2 millones de pesos anuales, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa atiende cerca de 50 proyectos de responsabilidades administrativas al año, que son cerca de cuatro casos al mes, donde los tres magistrados sesionan y resuelven si procede o no una sanción administrativa en contra de un ex o servidor público en el estado de Chihuahua.
Los tres magistrados del tribunal en cuestión tienen percepciones por arriba del mismo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, al recibir de forma mensual 158 mil 735 pesos cada uno y en caso del cargo del presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, la percepción mensual se eleva a los 183 mil 735 pesos mensuales, de acuerdo al Tabulador de Remuneraciones de Servidores del mismo órgano en el año 2022.
Este tribunal recibe los actos de responsabilidad administrativa del estado de Chihuahua, que son detectados ante la Auditoría Superior el Estado, así como los Órganos Internos de Control, quienes en sus diferentes atribuciones y actividades detectan irregularidades o faltas a la Ley de Responsabilidad Administrativa, que son turnados al tribunal para la aplicación correspondiente de alguna falta.
Aunque los magistrados del tribunal en cuestión atienden también los temas “contagiosos administrativos”, también deben atender las responsabilidades administrativas, que resuelven pocas al mes cada uno de los ponentes que integra el Pleno, por lo cual lo consideran deficiente en la comparativa del presupuesto que se debe destinar para que pueda operar.
El Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción en Chihuahua, René Moreno, dijo que los asuntos que atiende el “Teja” -como se le conoce en su abreviatura- atiende pocos proceso administrativos, que van entre 30 a 50 al año, pero que desconoce si se trata de la falta de casos remitidos por la Auditoría Superior del Estado y los Órganos Internos de Control.
“Si uno revisa las resoluciones que tiene el Teja, ha quedado a deber y habrá que preguntar si el que quedó a deber es el Tribunal de Justicia Administrativa o quienes armaron los expedientes, cualquiera de los dos casos son alertas, el problema que tenemos es la falta de información, para decir que van a respetar el debido proceso no entregan información y reservan la misma”, comentó.
Consideró que si no existe la información mínima, es difícil saber los indicadores y si no se detectan las fallas, cree que se pueden cambiar esos problemas, y cambiar “las estrategias de simulación institucionalizada, simular que se trata de combatir la corrupción. Por ponencia cada magistrado atiende entre 10 a 15 casos al año, necesitamos verificar, pero no llegan a las 50 al año, si todas las sentencias están en negativa es preocupante, porque la mayoría de las de la auditoría tiene resoluciones no favorables”.
El último proyecto que analizaron los tres magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa fue el expediente identificado como 4/2021-2, en el cual la Auditoría Superior del Estado denunció el doble pago de un programa por parte de la Secretaría de Hacienda, el cual nunca funcionó, sin embargo, el tribunal decidió resolver que no había elementos y dio “carpetazo” al asunto.
Lo anterior, pese a tener un daño patrimonial estatal por 36 millones de pesos, toda vez que el ex directivo de Sistemas decidió hacer el pago aun cuando sabía que el programa no funcionaba y realizó dos partidas para hacer el pago, bajo la promesa que funcionaria, pero esto nunca sucedió.
Los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa decidieron no emitir una sanción en contra de un ex director de la Secretaría de Hacienda, al determinar que no existen elementos suficientes para acreditar la comisión de la falta administrativa grave de abuso de funciones de parte de José Alfredo L.C., ex director de Sistemas de Hacienda, al considerar que no se acreditó por la autoridad investigadora la totalidad de las hipótesis, normativas contenidas en el tipo de abuso de funciones.
