Durante la sesión del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, los magistrados decidieron no emitir una sanción en contra de un exdirector de la Secretaría de Hacienda, quien supuestamente realizó el pago de casi 36 millones de pesos, por un programa que nunca funcionó y que fue detectado por la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.
El proyecto de sentencia definitiva que propuso el magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano, identificado en el expediente 4/2021-2, el Pleno determinó que no existen elementos suficientes para acreditar la comisión de la falta administrativa grave de abuso de funciones de parte de José Alfredo L.C., exdirector de Sistemas de Hacienda, al considerar que no se acreditó por la autoridad investigadora la totalidad de las hipótesis, normativas contenidas en el tipo de abuso de funciones.
Durante la sesión el magistrado Alejandro Tavares Calderón consideró que falta un ejercicio porque las conductas que se señala inician desde la firma de un contrato de 2016, incluso en 2017, cuando no se encontraba en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y por ese sentido, emitió su voto “concurrente” por la “falta de contundencia en la investigación”.
Dentro de este proyecto, recalcan que en el informe de presunta responsabilidad, en relación con las pruebas ofrecidas, no se acredita un acto arbitrario cometido por el presunto responsable, así tampoco, quedó debidamente argumentado y acreditado por la autoridad investigadora, que los actos imputados se hayan realizado con el objetivo de generar un perjuicio al servicio público y en qué consistió tal prejuicio.
“Se concluye que la autoridad investigadora no cumplió con la carga de la prueba en los términos legalmente exigidos, para vincular al presunto responsable con la falta administrativa, pues no se acreditó, todos los extremos de la falta administrativa a imputar”, refiere este proyecto que fue votado por unanimidad de votos.
El magistrado Alejandro Tavares votó a favor de forma “concurrente” sobre que no había elementos para realizar una sanción, de igual forma la magistrada presidenta Mayra Aída Arróniz Ávila dio su voto a favor, así como el magistrado Alejandro Tavares Calderón, otorgando así un voto de unanimidad para que el proyecto no fuera sancionado ante la falta de elementos.
De acuerdo a lo detectado por la Auditoría Superior del Estado, y denunciado ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el ex funcionario de la Secretaría de Hacienda autorizó un doble pago por casi 36 millones de pesos, dentro del periodo comprendido de 2016 a 2017, para la adquisición de un software que sería utilizado en el sistema de recaudación de rentas estatal y que nunca funcionó.
De acuerdo a la observación 026 del Informe Técnico de Resultados de la Cuenta Pública de 2018, la Auditoría Superior del Estado detectó en el mismo año que se adquirió un software llamado “Sistema Recaudador Estatal” de parte del proveedor identificado como Tecnología de Gestión y Comunicación S.A. de C.V. por la cantidad de 18 millones 176 mil 068 pesos, con el objetivo de actualizar el sistema recaudador en la entidad, pero el cual no funcionó y se generó otro pago por 17 millones 880 mil 268 pesos para resolver las “brechas” que existían entre el programa anterior y el nuevo, pero nunca se pudo poner en función.
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