Luego de que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, determinara que no existen elementos suficientes para acreditar la comisión de la falta administrativa y que no se acreditó un perjuicio por parte de un exdirectivo de la Secretaría de Hacienda, a quien fue detectado realizando un doble pago por casi 36 millones de pesos, por un software que no funcionó.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Mario Vázquez Robles, informó que en el Congreso del Estado se analiza el rigor con se dio la resolución por parte del TEJA, porque es importante que no quede un precedente de impunidad.
“En lo personal, creo que sí hay elementos suficientes como para acreditar responsabilidad de algunos servidores públicos en donde hay un monto considerable de recursos que a nuestro juicio se desviaron, se mal utilizaron, se malversaron, por lo que como coordinador parlamentario del PAN, estamos revisando con el órgano técnico del Congreso, que es la Auditoría Superior, porque creemos, que si se puede recurrir la decisión del Tribunal”, detalló.
Añadió Vázquez Robles que se buscará generar un precedente de que cuando se cometen errores, omite o se corrompe, será sancionado, y esa será la posición desde el legislativo.
Abundó el legislador de Acción Nacional que primero se recurrirá al propio Tribunal Estatal de Justicia Administrativo, en caso de continuar la misma postura, será acudirá a las instancias competentes para la revisión.
“Estamos revisando todos los aspectos legales, porque si me interesa como diputado del PAN y como coordinador, que los abogados analicen que línea se puede llevar para que se haga justicia en el caso”, afirmó.
Cabe hacer mención que también el auditor superior del estado, Héctor Acosta Félix, calificó de “desalentador” para el combate a la corrupción el hecho de que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa haya decidido negar la aplicación de una sanción administrativa por el asunto en comento.
Explicó Acosta Félix que en la auditoría realizaron un proceso muy elaborado que les tomó alrededor de un año para poder integrar el expediente, además de que los magistrados tuvieron cerca de un año y medio para analizar y desahogar el asunto, que a final de cuentas decidieron negar la sanción tras considerar que había elementos suficientes.
