El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, en colaboración con sus homólogos de otras entidades del país, entregó en el Senado de la República un proyecto de reforma destinado a modificar la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Acompañado por el senador Miguel Ángel Macera Espinosa y la presidenta de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), Rosaura Villanueva, Valenzuela presentó una iniciativa que busca otorgar a las fiscalías especializadas y autónomas en anticorrupción la facultad de llevar a cabo los procedimientos de desincorporación sin depender de las Fiscalías Generales Estatales, como ocurre en la actualidad en Chihuahua.
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En sus declaraciones, Valenzuela destacó que esta propuesta de reforma representa el consenso y las contribuciones de todas las entidades federativas a través de las Fiscalías Anticorrupción.
Además, subrayó el papel de Chihuahua como referente en la aplicación efectiva de la ley local de extinción de dominio.
"Celebro la contribución que hacemos hoy aquí, junto con el Senador y la presidenta de la CONAFA, para modificar esta ley. Estoy convencido de que el derecho debe adaptarse a la realidad social del país, especialmente en el combate a la corrupción, que afecta la vida pública de México", afirmó Valenzuela.
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El Fiscal resaltó la necesidad de capacitación, especialización y profesionalización de las Fiscalías Anticorrupción y sus miembros en casos de corrupción, ya que los procesos son más complejos y técnicos para su judicialización.
Hizo hincapié en que los delitos de corrupción son de una magnitud superior a los del fuero común y que los servidores públicos corruptos no están preparados para enfrentar las consecuencias legales de sus acciones.
"Un servidor público corrupto no está preparado para ir a la cárcel, y mucho menos para que sus activos sean sometidos a la extinción de dominio como resultado de su comportamiento desviado", concluyó Valenzuela.
La propuesta de reforma presentada por el Fiscal Anticorrupción de Chihuahua y sus colegas de otras entidades del país busca fortalecer la lucha contra la corrupción y consolidar la aplicación efectiva de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con el objetivo de garantizar un combate más eficaz contra este flagelo que afecta la vida pública de México.
