La denuncia en contra de los presuntos actos de corrupción al interior de la Delegación del Bienestar en Chihuahua, fue ingresada al Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas con los cual la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, le dará el seguimiento correspondiente.
Bajo el folio 265881/2023, fue como la denuncia promovida por el ciudadano Hugo Ruiz Esparza, quedó en el expediente de dicho sistema de denuncias, esto atendiendo a la orden de un juez federal que, tras un amparo, instruyó a las instituciones involucradas, que iniciaran con las indagatorias sobre dicho caso, el cual permanecía detenido sin motivo alguno.
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Lo anterior lo explicó el ex funcionario federal y ciudadano denunciante, Hugo Ruiz, quien destacó que el tema se mantenía en la “congeladora” tanto en la Secretaría de la Función Pública Federal, así como en la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República y Asuntos Internos de la Secretaría del Bienestar.
“Todo esto se destrabó con la orden del juez federal en relación al amparo que promoví para que todas las instituciones involucradas se pusieran a investigar la denuncia por la corrupción de Juan Carlos Loera y de Marcelino Gómez en el Bienestar en Chihuahua; al parecer la propia Ariadna Montiel los estaba protegiendo, pero como la traicionaron para irse con Adán Augusto y no con Claudia, ahora sí les quitó el respaldo y que enfrenten lo que tengan que enfrentar”, dijo el ex trabajador de esa dependencia.
En este sentido, dijo que el documento del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, había sido emitido desde el 7 de julio, y sin explicación alguna se le notificó apenas del día 4 de agosto, y en dicho documento se le pidió que se ponga en contacto con las autoridades de esa área, para darle seguimiento al caso y seguir compilando todos los elementos de prueba.
Ruiz Esparza, mencionó que cuando la denuncia avance tanto en la Función Pública como en la FGR, por lo menos, se tendrá que hacer una auditoría externa en donde se darán cuenta que no tienen las órdenes de pago de casi seis mil beneficiarios, y es ahí cuando los tengan que investigar de uno por uno y se entonces así van a poder acreditar el presunto robo de los apoyos.
Cabe mencionar que el ciudadano ha realizado una serie de acciones legales para denunciar el presunto robo de becas para adultos mayores de la Secretaría del Bienestar, que a decir del denunciante, el delegado Juan Carlos Loera y el subdelegado Marcelino Gómez, encabezaban con el fin de utilizar esos recursos con fines personales y para financiar campañas políticas.