En punto de las 9:00 horas de este día se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra de Diana Ivonne, Sergio Armando y Oscar Gonzalo, por los delitos de fraude y asociación delictuosa en perjuicio de 300 personas que invirtieron en la empresa Aras Investment Business Group.
En unas cuantas horas se dará inicio la audiencia ante el juez de control, mientras que los afectados y abogados se reúnen en el exterior del inmueble, donde se les informa la manera en que podrán acceder al auditorio donde podrán seguir la audiencia.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado notificó a cinco abogados particulares que actuarán como defensores de los tres imputados, para que acudan a la mega audiencia que se celebrará hoy por el presunto fraude de la empresa Aras Investment Business Group, donde se intentará formular cargos por 300 de las más de 4 mil denuncias que interpusieron.
Se trata del abogado Héctor Omar Guerrero Almanza, quien representará a Diana Ivonne C.P., también se notificó a Armando Flores Bejarano y Adrián Quezada Anchondo, quienes representarán a Sergio Armando G.C., y a los abogados Gabriel Alejando Vidaña Manjarrez e Issac Maltos Sifuentes en representación de Óscar Gonzalo H.M.
Para la audiencia masiva se habilitó el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde se espera recibir a los afectados, a sus asesores y abogados, así como una sala alterna donde habrá presencia de medios de comunicación, mientras que en la sala donde se encuentre el juez de control estarán los ministerios públicos, los imputados y sus defensores. Existe un registro de 23 abogados y asesores jurídicos que representan a las 300 víctimas.
Por parte de la Fiscalía General del Estado, será la agente del Ministerio Público Araceli Chávez Rodríguez quien encabece la representación, en compañía de cuatro agentes más, quienes darán lectura a cada una de las evidencias y datos de prueba. La Fiscalía General del Estado, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, tendrá tres días para desahogar toda la evidencia, ya que de lo contrario se podría culminar el plazo constitucional y se podría declarar inconstitucional la audiencia por estas 300 víctimas, y se tendría que volver a solicitar una nueva audiencia por un menor número de víctimas.
