A un mes de concluir la actual administración estatal que encabeza el gobernador Javier Corral Jurado, existe el riesgo de que éste no sea enviado a México para que sea juzgado por las leyes mexicanas, incluso, según lo explicado por su abogado, Juan Carlos Mendoza Luján, están por recuperar los bienes y adelantó que hasta podrían terminar por pagarle los daños el gobierno entrante.
Una de las promesas de campaña de Javier Corral Jurado fue de llevar a la cárcel a su predecesor, por haber cometido una serie de presuntos robos al “pueblo de Chihuahua”, lo cual logró a pesar de que estuviera en Estados Unidos, pero existe una grande posibilidad de que no se concrete la extradición debido a la batalla jurídica que mantienen los abogados en aquel país como en el estado.
“Si no hay demostración -como todo pinta- de una culpabilidad, si no se llega a demostrar la culpabilidad, las cosas se tendrán que devolver en el estado en que se encontraban, incluyendo los frutos y créditos de los bienes, ¿de quién será problema?, será de todos los que participaron, los que actuaron dolosamente en estas acciones y será un problema que tendrá que resolver el futuro gobierno porque actuaron a nombre de gobierno y a título personal”, refirió el abogado y representante de César Horacio.
Al entrevistarse con El Heraldo de Chihuahua, asegura que el proceso en contra de su representado ha tenido una serie de violaciones graves al debido proceso y por lo cual advierte que el proceso de extradición se encuentra viciado y podría quedar sujeto a una invalidación formal y conseguir de nuevo su libertad.
Consideró que parte de esas violaciones de las que se refiere, es principalmente por la falta de acceso a las carpetas de investigación, toda vez que aunque mantienen más de 20 órdenes de captura, no le han entregado siquiera una carpeta para conocer de que lo acusa el Estado, por lo que el pasado 4 de agosto logró que un juez de control obligara a la Fiscalía General del Estado que entregara el miércoles 11 de agosto la carpeta de investigación que generó la solicitud de extradición.
De igual forma, el abogado Mendoza Luján aseguró que en el tema de los predios y todos los bienes que le han asegurados, fueron tomados de una forma ilegal, ya que al realizar el aseguramiento el propietario tuvo que haber sido llamado a juicio y en cambio nunca lo citaron o se generó alguna audiencia, lo que calificó como una “barbaridad tremenda” que viola la garantía de audiencia en el juicio de extinción de dominio.
Continuó explicando que el propietario debe ejercer su defensa, cuando se inicia un juicio de extinción de dominio, “son situaciones complicadas como la subasta de ganado, se han llevado varias ventas, es un gran problema para los actuales funcionarios, y problemón para el gobierno que viene, hacer valer el derecho de dominio sobre esos bienes”.
Detalló que la ley sobre aseguramiento de bienes sobre hechos probables constatables de delito, en un determinado momento puede enajenar un tipo de bienes que pudiera está en peligro como los semovientes, pero aseguró que ese numerario no puede ingresar al erario, se tiene que mantener en una cuenta destinada, hasta que haya una sentencia.
Santa Rita: “Es un show”
El 23 de diciembre del año pasado un juez de control del Distrito Judicial Morelos decretó el abandono a favor del Estado de Chihuahua del predio rústico denominado “Santa Rita”, incluso lanzaron una convocatoria para hacer proyectos en esta propiedad, lo que a decir del abogado del exgobernador, es una acción ilegal, ya que no corresponde a una propiedad de su representado.
“El mismo señor Duarte me dijo textualmente, ni gaste usted tiempo, ese no es de nosotros, dedíquese a lo otro”, tras instruirle que no hiciera nada por recuperar la propiedad Santa Rita, que asegura no es de su propiedad y que las mismas autoridades lo saben, por lo que no pueden realizar proyectos como han convocado de forma oficial a través de los diferentes canales de información.
El abogado defensor del exgobernador dijo que esa propiedad sólo tiene especulaciones, que al momento no han sido demostradas, “todo el show, es difícil llamardo de otra manera, que quieren hacer un centro de estudio, un Disney, evidentemente será ilegal e irregularidad”.
“El predio de Santa Rita es una de las mentiras más grandes que han emitido en torno a esta operación, el rancho de Santa Rita, nunca perteneció a César Duarte, nunca ha pertenecido, ellos lo saben, lo han dicho, se privó del dominio del rancho a quien es titular del rancho, se hizo de forma ilegal”, comentó.
Dijo que en la extinción de dominio de Chihuahua estaba en discordancia con la Constitución federal, por lo cual la Suprema Corte la nombró inconstitucional, y el consejero jurídico Jorge Espinoza mencionó que lo que se había aplicado el “abandono”, la figura del abandono de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales aparece con reforma de agosto de 2019.
“Por lo que los bienes que fueron asegurados en 2017, no sabemos a quién, ese rancho tendrá que devolvérselo al titular, porque se aplicó de forma retroactiva en perjuicio de una persona, una ley nueva, y sabemos que la Constitución prohíbe ese tipo de acciones”, afirmó.
El abogado Juan Carlos dijo que los amparos ni se ganan ni se pierden, los amparos se conceden o no se conceden, a diferencia a lo que la gente cree que es la última instancia, para ver quién tiene la razón; la finalidad es advertir si la autoridad actuó o no de acuerdo con la Constitución, nosotros en este sentido hemos promovido, por lo que a la fecha dice tener siete amparos concedidos y uno que está a punto de “ganar”.
“Tenemos cinco por proceso administrativos, por la Función Pública, van seis amparos, uno sobreseído, no pudimos acreditar el bien jurídico se quedó sin materia, y tenemos el 2720/2020 que ganamos varios de los actos reclamados, se nos concedió el amparo y está por resolverse el amparo de extinción de dominio, que estamos por ganar porque ni siquiera fuimos llamados a juicio, serían los ocho que tenemos a nuestro favor”, detalló.
En el tema de las órdenes de aprehensión dijo que si la extradición se da, sólo puede ser juzgado por una de las 21 órdenes de aprehensión ya que así lo refiere el tratado de extradición, por lo que el resto quedaría sin efecto y en caso de que no se dé la extradición, todas quedarían en los mismos términos conforme a la estrategia que se encuentran elaborando.