Una pena máxima de 25 años podría dictarse a Jesús Eduardo R. G., asesino de María Araly Quiñónez Aranda, de 33 años, ello luego de que el juez Aram Delgado consideró que no se trató de un feminicidio.
El Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por Ricardo Márquez, Lucero Morales y Aram Delgado dividió su veredicto, desestimando pruebas, lo que generó que el asesino de la mujer sólo vaya a ser juzgado por homicidio simple y no por el delito de feminicidio.
Desde un inicio, el silencio de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) movilizó a varias colectivas y organizaciones para exigir darle celeridad al caso, pues mientras que a Araly le habían arrebatado la vida, el asesino continuaba en libertad.
Ahora, Jesús Eduardo será sentenciado por homicidio simple, cuya pena es menor a la de un homicidio por razones de género, pues para el juez la violencia física y económica que sufrió la mujer no fue suficiente para acreditar el delito de feminicidio.
Ante ello, la organización Justicia para Nuestras Hijas lamentó que en el proceso se haya desestimado el caudal probatorio, por lo que exigió una justicia real y no parcial para María Araly, como para su madre María Aranda Pallares y toda su familia.
El próximo miércoles 19 de julio, a las 10:00 horas, está programada la audiencia de individualización de la pena.
Justicia para las mujeres: la deuda eterna en Chihuahua
La justicia que Araly recibió fue una justicia parcial que invisibiliza la violencia de género de la que fue víctima, a pesar de las pruebas presentadas para acreditar el delito de feminicidio, el Tribunal de enjuiciamiento dictó un fallo condenatorio por homicidio simple en contra de Jesús Eduardo R. G.
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Ante ello, la organización Justicia para Nuestras Hijas, que brindó acompañamiento en el proceso, reconoció la resolución judicial de los jueces Ricardo Márquez y Lucero Morales que sí lo encontraron culpable, excepto por el juez Aram Delgado, quien emitió un voto disidente, argumentando que la evidencia biológica no acredita la responsabilidad de Jesús Eduardo, sin embargo, ignoraron el caudal probatorio presentado por el Ministerio Público de Fiscalía la Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) para acreditar que la expareja de Araly ejerció violencia psicológica y económica en su contra.
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María Araly Quiñonez Aranda, de 33 años, fue encontrada sin vida el 3 de abril de 2020 dentro de su departamento ubicado en la zona centro de la Ciudad de Chihuahua. Jesús Eduardo, su expareja, fue vinculado a proceso en septiembre del 2021 por el delito de feminicidio. Araly fue una hija, hermana, amiga y compañera muy querida, una joven con metas y sueños coartados por la violencia de género. Hoy, Araly es víctima una vez más de la violencia institucional.
Desde Justicia Para Nuestras Hijas señalaron categóricamente una grave carencia de perspectiva de género en la impartición de justicia para Araly, su familia y otras víctimas de la violencia machista y misógina que se ha normalizado, y en muchas ocasiones, ignorado. No podemos ni debemos permitir que la deuda histórica que el Estado Mexicano tiene con las mujeres continúe creciendo.
Chihuahua es una de las entidades que ha figurado a nivel nacional e internacional por altos índices de violencia de género; el 71% de las mujeres de 15 años o más, experimentaron algún tipo de violencia: Psicológica, Física, Sexual, Económica o Patrimonial a lo largo de la vida, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 realizada por el Instituto Nacional de Estadística Y Geografía.
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Es urgente que quienes encabezan los Tres Poderes del Estado consoliden todos aquellos avances jurídicos, en su gran mayoría conseguidos por la lucha incansable de las familias y la sociedad civil organizada, para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres.
Una vez más, JPNH hizo un llamado a las autoridades para que se aplique la perspectiva de género en forma transversal, que cumplan con el compromiso ético con las niñas, jóvenes y mujeres para garantizar el acceso a una justicia real, ante la omisión del estado al no proteger la totalidad de sus derechos.
¡Hoy pedimos Justicia real para Araly! Hoy el Poder Judicial del Estado tiene una deuda muy grande con su familia
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