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El Instituto Nacional Electoral confirmó que, durante el 2015, el Gobierno del Estado, el cual estaba a cargo de César D., a través de una red de triangulación, desvió 39 millones 166 mil 666 pesos los cuales fueron destinados para beneficiar al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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Por tal motivo, el INE pretende multar a dicho partido con 97.9 millones de pesos luego de comprobar que el PRI recibió al menos 14 cheques emitidos por parte de la Dirección de Recursos Humanos por 5 millones de pesos, 6.6 millones de pesos y 7 millones de pesos por el concepto de “pagos extraordinarios por compensaciones”.
Dichos cheques eran cobrados en efectivo por la empresa Servicio Panamericano de Protección S. A. de C. V., quienes trasladaban los recursos a la tesorería estatal y se lo entregaban al tesorero Joaquín Francisco Hernández Vega, quien posteriormente hacía entrega a Pedro Mauli Romero Chávez, representante de finanzas del PRI.
Cabe mencionar que las investigaciones sobre estos hechos lleva cinco años, pero hoy se pudo confirmar la manera en la que el exgobernador concretó el desvío de recursos y la manera en la que el PRI engañó a la autoridad con el objetivo de evadir la fiscalización.
Es preciso señalar que este lunes el Consejo General del INE, el cual está a una sola semana de ser renovado, discutirá el tema con el objetivo de concretar las acciones que se habrán de tomar al respecto toda vez que los recursos desviados fueron revividos durante periodo electoral.
Cabe mencionar que el PRI afirmó que destinaba la mayor parte del recurso para pagar los sueldos de los presidentes y secretarios de los 65 Comités Municipales del partido en la entidad, así como para liquidaciones, apoyo a deportistas y personas con alguna enfermedad y la renta de inmuebles utilizados para oficinas del partido.
El organismo electoral ha calificado como falta grave tales acciones debido a que el Revolucionario Institucional aceptó recibir dinero en efectivo procedentes del recurso públicos, lo cual está prohibido toda vez que vulnera la certeza de la legalidad de las operaciones realizadas, la transparencia y el conocimiento del manejo de los recursos.
Otra de las cuestiones que se han de considerar para determinar la agravante de la sanción, es la omisión por parte del partido de reportar el manejo de los recursos y la incertidumbre respecto de la sujeción del PRI a los topes de los gastos de campaña correspondientes.
