Para este jueves 5 de enero, se tenía agendada a las 13 horas la sesión pública jurisdiccional en la que el pleno del Tribunal de Justicia Administrativa resolvería respecto a emitir o no una sentencia definitiva en contra del exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, Juan Pedro Santa Rosa González, sin embargo mediante oficio se notificó que se pospuso por motivos de salud del magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano tras dar positivo a Covid-19.
La sesión se reprogramó para el 12 de enero a la misma hora, donde se analizará y se tomará una decisión en el Juicio de Responsabilidad Administrativa identificado como E 034/2022-2, donde los integrantes discutirán si existió o no un acto de conflicto de intereses desde su punto de vista, esto de acuerdo a la evidencia presentada por la Auditoría.
El informe de la ASE de la cuenta pública detalla que el ex director de dicha Institución, Santa Rosa González, fungió como director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (Ichd) en 2019, creó una empresa de prestación de servicio de nombre “LBE Chihuahua”, la cual fue contratada por la dependencia a su cargo, por una cantidad de un millón 360 mil pesos, actuando bajo un posible conflicto de intereses que detectó la Auditoría Superior del Estado, y misma que logró realizar las observaciones y enviar el caso al Tribunal de Justicia Administrativa (TEJA).
Estas irregularidades iniciaron desde el pasado 14 de octubre de 2020, cuando la Auditoría Superior del Estado recibió una denuncia ciudadana en la que se expuso que servidores públicos adscritos al Instituto Chihuahuense del Deporte, entre ellos su exdirector de nombre Juan Pedro Santa Rosa, crearon sociedades con la finalidad de verse beneficiados con contratos de prestación de servicios profesionales para la promoción del deporte en el estado de Chihuahua.
De acuerdo a la observación que se integró en la Cuenta Pública de 2020, durante el año 2019, el ex titular del instituto en cuestión, en compañía de empleados de diferentes áreas en esta dependencia, constituyeron una empresa el 25 de noviembre de 2019 ante la Notaría 21 de distrito Morelos, y a diciembre de 2019 adquirieron un contrato por la cantidad de 516 mil pesos más IVA, a pesar de ser empleados del instituto y parte del consejo de la empresa LBE Chihuahua S.A.P.I de C.V.
El 10 de mayo de 2021, la ASE ordenó el inicio de una Auditoría de Cumplimiento Financiero al Ichd, misma que concluyó el 15 de diciembre de 2021 con la presentación del respectivo informe individual ante la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Chihuahua, en el cual se determinaron 21 observaciones.
Durante ese periodo de revisión, y como resultado de las gestiones de investigación practicadas durante el primer trimestre del año 2022, la ASE pudo corroborar que con fecha 25 de noviembre de 2019, se constituyó mediante la escritura pública número 27,316 ante el Notario Público número 21 del Distrito Judicial Morelos, la persona moral denominada LBE Chihuahua, S.A.P.I. de C.V.
Ante estos contratos el día 4 de abril de 2022, la coordinadora de Substanciación de la ASE citó en calidad de presunto responsable a J.P.S.R.G. a comparecer personalmente el día 26 siguiente, a la celebración de la audiencia inicial prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), a efecto de que declarara y ofreciera las pruebas que estimara necesarias para su defensa, respecto de los hechos que se le imputan y que pudieran encuadrar en una falta administrativa considerada como grave por la Ley General de Responsabilidades Administrativas Chihuahua.
