Madres de familia que han sido víctimas de la violencia vicaria y que pertenecen al Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria y del Colectivo Revolución Atena, estuvieron presentes en el Congreso del Estado para testificar la presentación de la iniciativa a cargo de la morenista América García con la que se busca primeramente tipificar este delito y, por ende, que se castigue.
Roberta Gutiérrez, quien tiene un mes sin poder acercare a su hija, narró que los primeros días posteriores a la sustracción de la menor “fueron como si estuviera negociando con un secuestrador que me estaba diciendo que no iba a poder tener acceso a mi hija”, motivo por el cual busca que a este delito se le nombre como tal a efecto de que se tengan las debidas consecuencias.
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Por su parte, la abogada Lizet Estrada, quien también colabora en el Centro de Atención de la Mujer Trabajadora, compartió que tiene desde el 2019 peleando por sus hijos, quienes fueron trasladados a Morelos “todos estos cuatro años han sido como una terrible pesadilla para mí” toda vez que no puede verlos ni tener contacto con ellos, además de que el tema de que se encuentren en otra entidad agrava aún más la situación.
Destacaron que, de acuerdo con la información proporcionada por el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, en 2021, mil 865 mujeres fueron víctimas de la violencia vicaria, mientras que, en el 2022, se registraron 7 mil 670 casos, lo que representa un aumento del 167 por ciento.
Ante tales estadísticas que continúan en aumento, es que enfatizaron que se deben hacer acciones que permitan frenar que los padres de familia continúen utilizando a los hijos para violentar a las mujeres, pues dejaron claro que las infancias no son realmente su interés, “su interés es solamente es tenerlos cautivos o secuestrados para causar un sufrimiento a su mamá”, motivo por el cual insistieron en que es una injusticia que no se tenga un castigo a tales acciones.
Denunciaron que las acciones que ejercen los padres corresponden a la negación por perder el control sobre ellas, “quieren tenernos en sus manos…no se puede negociar con ese tipo de agresores”, aseveraron, pues, pese a que se tengan acuerdos legales, terminan por sustraer a los menores para luego dejarlos encargados con terceras personas en lugar de dejar que estén con sus madres.
Otra de las causas de esta violencia se debe a que los padres quieren deslindarse de las pensiones alimenticias, “normalmente cuando hay demanda de pensión alimenticia es cuando después empiezan a pelear a los hijos porque saben que de esa manera evitan cumplir con esa obligación”, motivo por el cual alertaron que los casos se incrementarán ante el registro de deudores alimentarios que se aprobó y las limitaciones que se prevén con esa ley.
Por su parte, la legisladora América García, manifestó que esta es la segunda vez que se presenta esta iniciativa, pues recordó que el año pasado ya se había solicitado la tipificación de este delito; empero, no se le dio seguimiento y se quedó en Comisión, por lo que espera que en esta ocasión sí se logre llevar a término.
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