Dos ciudadanos que denunciaron haber sido robados de sus becas del Bienestar para el Adulto Mayor, interpusieron un amparo para que la Delegación Estatal y la Delegación Regional de Chihuahua, les informe detalles sobre los recursos que presuntamente les fueron despojados directamente de sus tarjetas de beneficiarios.
Según el actuario que entregará la notificación en las oficinas del Bienestar en la ciudad de Chihuahua, empleados federales se negaron a recibir los documentos; para aclarar la situación se buscó al delegado estatal Juan Carlos Loera de la Rosa, sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Los amparos son en relación a las denuncias del señor Ramón Quiñonez y de Adolfo Bustillos, quienes llevan un proceso en contra de la delegación y quienes resulten responsables, y para lo cual, mediante la promoción de un amparo cada uno, se solicitó la información sobre el cobro del apoyo que nunca recibieron.
Así lo explicó el ciudadano Hugo Ruiz Esparza, quien explicó que el motivo por el cual se tuvieron que promover los amparos, obedece a que en el Bienestar se les negó dicha información.
En este sentido, explicó que, personal de la Delegación y la Subdelegación del Bienestar en Chihuahua, a cargo de Juan Carlos Loera y Marcelino Gómez, se negaron a recibir la notificación de un proceso de amparo promovido para que la dependencia federal informe sobre los pagos de las becas para dos adultos mayores, quienes presentaron una denuncia formal.
En ambos amparos se solicita que se proporcione la fecha exacta en la que se acredite formalmente el registro o el alta de los dos adultos mayores, como beneficiarios de las becas del Programa de Pensiones para el Adulto Mayor.
Asimismo, se solicita la fecha en que supuestamente se les depositó el apoyo correspondiente a todo el año 2021, es decir, desde el bimestre enero – febrero, hasta el cierre del año.
Hugo Ruiz Esparza, quien mantiene un proceso abierto en contra de los delegados Juan Carlos Loera y Marcelino Gómez, detalló que con esas fechas que emanen de la propia Delegación del Bienestar, se podrá acreditar el robo de los apoyos, pues los dos beneficiarios recibieron las tarjetas en noviembre del 2022, pero los apoyos se venían depositando desde el mes de enero de ese mismo año, sin embargo, cuando se recibieron los plásticos, las cuentas estaban vacías.
Señaló que personal del Bienestar ha dicho que algunos beneficiarios han sido víctima de hackeo de cuentas, pero en esos casos no se puede argumentar eso, porque las tarjetas se entregaron casi un año después de que comenzaron a depositarse los apoyos, es decir, el presunto fraude se realizó dentro de la misma dependencia federal.
Ruiz Esparza, quien trabajó en la delegación y asegura que fue testigo de actos de corrupción que ha denunciado ante las instancias correspondientes, comentó que una vez acreditando ese fraude, el caso se presentará también como evidencia ante la FGR y la Secretaría de la Función Pública, quienes le han solicitado que se detallen las denuncias para dar seguimiento a la carpeta de investigación que se abrió en contra de Juan Carlos Loera y Marcelino Gómez, la cual quedó establecida bajo el folio FED/FEMCC/FEMCC-CHIH/0000152/2023.
Finalmente, mencionó que ante la negativa para recibir las notificaciones en la Delegación del Bienestar ubicada en la avenida Pacheco, y en la Delegación Regional de la avenida Ocampo, el actuario acudió a las oficinas centrales de la Secretaría Nacional ubicadas en Reforma número 56 en la Ciudad de México, en donde se encuentran las oficinas de la secretaria Ariadna Montiel.
Tras haber sido notificados, se espera que en los próximos 15 días puedan tener respuesta sobre la solicitud de información y con esto, se pueda seguir con el proceso jurídico en contra de la dependencia federal, con el que se busca que se esclarezcan los presuntos actos de corrupción en contra de cerca de 4mil beneficiarios, según señala el denunciante.
