Recompensas por personas desaparecidas son poco efectivas; familias quedan a la deriva

Lourdes, madre de Pamela Leticia, de quien no sabe desde hace 13 años, quedó en bancarrota por extorsiones en las que le prometían revelar el paradero de su hija

Venessa Rivas | El Heraldo de Chihuahua

  · lunes 25 de diciembre de 2023

Foto: Archivo | OEM

Pamela Leticia Portillo Hernández desapareció hace 13 años, para quien aporte información útil y veraz para su localización se ofrece una recompensa de 200 mil pesos, a pesar de ello no hay indicios de su paradero y sus huérfanas apenas si reciben 13 pesos diarios por parte del Fanvi. Como ella hay 273 casos en los que se ofrece recompensa.

La desaparición de una persona afecta a la familia, no sólo en lo emocional, sino que deja un vacío legal y económico. Muchas familias se quedan en la indefensión y muchas otras lo pierden todo porque se enfrentan a extorsiones por parte de vivales que les aseguran tener información sobre sus seres queridos.

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De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua existen 273 recompensas con la finalidad de que los ciudadanos puedan aportar información que los lleve a la localización de las personas con reporte o denuncia.

Búsqueda de personas desaparecidas en Allende / Foto: FGE

En la zona norte existen 90 recompensas para dar con el paradero de las víctimas; mientras que en la zona centro 59; en zona occidente son 50; en la zona sur se contabilizan 62 y en la zona noroeste 12. En esta última hay una incidencia creciente de personas desaparecidas, tanto del estado como de otras latitudes.

Las recompensas son de 200 mil pesos en la mayoría de los casos y tienen como objetivo darle voz a la sociedad, incrementar el valor de la denuncia y la colaboración ciudadana.

La recompensa más grande que la FGE ha ofrecido no fue por una persona desaparecida, sino por un criminal, José Noriel Portillo Gil alias El Chueco, generador de violencia y responsable de varios homicidios, entre sus víctimas dos sacerdotes jesuitas, por lo que la suma era de 5 millones de pesos.

En muchos casos, el ofrecimiento de dinero para la localización de las personas desaparecidas lleva a las familias a la bancarrota.

Lourdes Hernández, madre de Pamela Leticia Portillo, destacó que tras la desaparición forzada de su hija recibieron varias llamadas de extorsión. Pues a cambio de fuertes sumas de dinero le iban a decir dónde se encontraba Pamela.

La angustia, el dolor y la desesperación la llevaron a vender su casa, sus autos y todas las propiedades de valor. Se quedó sin nada. Su único objetivo era recuperar a Pamela para que regresara a casa con sus dos pequeñas hijas.

Han sido 13 años de inmenso dolor, pero también de lucha porque ella quedó a cargo de las dos pequeñas a quienes al principio les dieron apoyo por parte del Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crímen (FANVI).

A nivel federal, les otorgaron las Becas Benito Juárez mientras estudiaron el nivel medio superior debido a que se trata de una prestación universal. Actualmente cursan el nivel superior y no existen apoyos a nivel federal debido a que en Chihuahua sólo algunas escuelas se encuentran incluidas.

Ahora el FANVI sólo les otorga 400 pesos mensuales por familia, este apoyo no tiene un concepto establecido, pero serían 13 pesos diarios en promedio, entre dos hijas, les tocarían de 6.50 pesos.

A las dos jóvenes les condonan la inscripción a la universidad, ello siempre y cuando tengan un promedio mínimo de 8.5, como cualquier beca académica. En la misma situación están las demás víctimas.

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“Se trata de víctimas que están viviendo un duelo que no tiene caducidad, entonces como les exigen la calificación, cuando hay muchos que con mucho esfuerzo continúan en la escuela”, señaló Luly Hernández.

Cabe mencionar que durante el sexenio de César Horacio Duarte Jáquez se creó el Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crímen (FANVI), éste contaba con 100 millones de pesos para brindar atención a las niñas, niños y adolescentes afectados por la ola de violencia que se vive en el estado desde el 2008.

A pesar de que en reiteradas ocasiones se ha solicitado una explicación sobre la reducción de los apoyos, no hay respuesta.