El fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, reveló que la corporación que lleva a cabo la investigación en contra de la empresa Aras Investment Business Group, han asegurado cuatro cuentas de los socios involucrados en el presunto fraude, así como dinero en efectivo que apenas supera los 2 millones 100 mil pesos.
Considero que de lo que han logrado asegurar en cuentas y dinero en efectivo no representa ni el 1% del quebranto patrimonial que generaron a los más de 4 mil inversionistas y que al parecer ni con el mismo valor de los bienes que mantiene asegurado el estado para garantizar el pago.
El tema de las cuentas es una cuestión que lamentablemente la Fiscalía General no tenemos acceso a temas fiscales y bancarios y tenemos limitación y la Unidad de Inteligencia Financiera al momento no ha aportado mucha información sobre esta empresa.
Dijo que entre el aseguramiento, existen cuentas que tienen 24 mil 289 pesos, 70.49 pesos, 208 mil pesos, 403 mil pesos, es decir suman en cuentas bancarias poco más de 635 mil pesos, más el millón 500 mil pesos que aseguraron en efectivo en una de las oficinas de la empresa.
“Aras está en toda libertad de pagar, es lo primero que exigen las víctimas y es lo que exige el proceso penal, pero primero para hacer el pago deben demostrar que tienen suficiente voluntad para pagar, presentando el total del capital para pagar a todas las víctimas, los bienes son sólo una parte de la reparación del daño, no alcanzan a pagar a todas las víctimas”, compartió.
Compartió que de acuerdo con el quebranto que realizó la empresa en cuestión, ni los bienes ni el dinero asegurado alcanzarían para realizar el pago a todos los afectado y más cuando el mismo abogado habló de un universo de 18 mil personas, por lo cual todo debe permanecer asegurado hasta que se pueda resolver el proceso jurídico.
“Estamos en cantidades muy bajas en comparación con el monto del quebranto, el dinero asegurado no representa nada en relación con el quebranto, ¿por qué no se reparte?, no se puede porque se necesita una sentencia, el juez es quien ordena, no el Ministerio Público, es el que determina el procedimiento o las formas”, agregó.
