Los señalamientos de que el aborto también es una forma de violencia contra la mujer, son sólo posturas de personas que defienden al Estado, el cual no cumple con sus funciones para proveer información y servicios de interrupción del embarazo.
Mariela Castro, de Marea Verde, dijo que hablar de la despenalización del aborto genera controversia, sobre todo en grupos conservadores, quienes lejos de entender que se trata de un derecho a la salud lo tachan de violencia contra la mujer.
Aunado a ello, dijo que actualmente tenemos un gobierno estatal cuya ideología es contraria al avance progresista en materia de derechos humanos y que eso también tiene un fuerte impacto.
Dentro de las sentencias que se han logrado se establece que la tipificación del aborto tiene un impacto frontal y directo en la autonomía reproductiva de la mujer o persona con capacidad de gestar y su derecho a decidir respecto a ser madre o no, lo cual en los términos definidos por el Pleno de la Suprema Corte, este derecho es constitucional y tiene su raíz y sustento en la dignidad de la persona, su autonomía, el libre desarrollo de su personalidad, la igualdad de género y el pleno ejercicio de su derecho a la salud.
“Asamblea Marea Verde Chihuahua, Aborto Seguro y quienes trabajan por la justicia reproductiva lo que hacemos es proveer información sobre avances jurídicos, las herramientas, los servicios que los sistemas de salud tiene obligación de proveer y por alguna razón los mismos sistemas no dan a conocer”.
Ante la omisión del Estado se está respondiendo desde la sociedad civil, por lo que está buscando que la SCJN haga un análisis del Código Penal de Chihuahua y de las leyes en materia de salud para que se vea la obligación que no están cumpliendo los diputados y diputadas, así como el Ejecutivo en materia de salud sexual y reproductiva.
“Nosotras no estamos al margen de la ley, no estamos promoviendo acciones que no correspondan a los derechos humanos”.
En septiembre de 2021 la SCJN resolvió un caso de Coahuila, donde se resuelve que el derecho a decidir está consagrado en el artículo 4 constitucional, cuyo derecho a decidir implica los servicios de salud y proveer información en materia de salud sexual y reproductiva.
Recalcó que las campañas de salud deben de venir de la Secretaría de Salud, el aborto es un derecho a la salud y el Estado está obligado a cumplir, pues ante los amparos para acceder al aborto seguro el Estado deberá reparar el daño que implica un gasto al erario.
