La Encuesta Nacional de Discriminación 2022 del INEGI, muestra una de cada cuatro personas mayores de 60 años, experimentó la negación de un derecho, en menos una ocasión en los cinco años previos al levantamiento de la encuesta, esto es, un 24.8 por ciento de la población de 60 años o más.
Los tipos de negación más frecuentes, fueron apoyos de programas sociales referido por el 40.6 por ciento de los encuestados; atención médica o medicamentos con 38.5 por ciento y el resto no específica el motivo, pero se relaciona con la estancia en instituciones o empresas.
La encuesta muestra que la negación injustificada en esta población fue de al menos un derecho dentro de lo establecido como Derechos Humanos: en alimentación, salud, trabajo, y seguridad social.
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Además, indica que los lugares donde más ocurrieron este tipo de negaciones, o violación a derechos humanos, fueron oficinas de gobierno; durante la entrada o permanencia en algún negocio, o en un centro comercial o Institución bancaria.
Las personas adultas mayores que participaron en la encuesta, consideraron que el principal motivo por el que se les niega algún apoyo, servicio o se les impida la permanencia en un espacio, está directamente relacionado con su edad.
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En este sentido, señalaron que por considerarse vulnerables, y por no saber cómo exigir sus derechos, es que se les niega o ignora cuando acuden a solicitar información.
En el tema de salud, coincidieron que se les niega el medicamento en los lugares a los que acuden por contar con un servicio social por jubilación o pensión, o estar afiliados por medio de otros familiares, principalmente esposo, hijas e hijos.
También indicaron que al acudir a solicitar atención médica, se les ignora o no se les atiende, pues les dan menos importancia, al considerar que por su edad no merecen un trato igualitario al que dan a personas jóvenes.
En las instituciones, lo que más se reporta, es la negación de becas o apoyos sociales, y se menciona que esto ocurre tanto en las instancias municipales, del Estado como federales, ya sea para becas alimentarias, apoyo para el trabajo, financiamientos, entre otros.
En las empresas o en las mismas instituciones gubernamentales, otro derecho que se le niega, es el permanecer en el lugar. En ocasiones acuden a solicitar empleo y regresan más de dos veces toda vez que no son atendidos.
Los resultados de esta encuesta, se contraponen a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, en cuanto al derecho que tienen las personas adultas mayores, a acceder al bienestar físico, social y mental, con el objetivo "de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez"
Existen tres pilares que de acuerdo a la OMS, son los que permiten estas condiciones. La primera es la salud o bienestar físico, y lo define como "la prevención de la enfermedad y la promoción de hábitos saludables, con el objetivo de retardar la dependencia".
Este punto considera el acceso a los servicios médicos, los medios para desplazarse e ingresos económicos para poder acceder a ellos.
El segundo pilar que contempla la OMS es la participación, y hace alusión al aspecto mental, toda vez que señala, "las personas mayores son capitales para su propio desarrollo psicoemocional"
Destaca la inclusión laboral y en conjunto, promueve las relaciones intergeneracionales para favorecer su participación.
Un tercer pilar es la seguridad social, que garantiza la protección adecuada ante "situaciones de riesgo o necesidad", e incluye el derecho a la seguridad social, el acceso a los servicios y la participación en la vida pública.
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