El pasado 4 de marzo, en una audiencia ante un Tribunal de Garantía del Distrito Judicial Bravos, cuatro individuos identificados como Marcelino H. C., Ramón Gamaliel N. T., Luis Carlos M. T., Jovany H. G., y un menor de edad de iniciales D.R.M.E., fueron sometidos a un proceso legal por su presunta implicación en el secuestro de 26 migrantes.
Estos individuos fueron detenidos en flagrancia por agentes investigadores de la Unidad Antisecuestros, perteneciente a la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, a través de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro.
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La imputación se realizó bajo la causa penal 1423/24, acusándolos de privar de la libertad a personas de diversas nacionalidades.
Según los detalles presentados durante la audiencia, el 23 de febrero, tres de las víctimas fueron abordadas en el Aeropuerto de Ciudad Juárez y trasladadas a una casa de seguridad ubicada en la colonia Cerrada del Parque, donde eran vigiladas y amenazadas por Ramón Gamaliel N. T. y Jovany H. G.
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Estos dos individuos obligaban a las víctimas a realizar llamadas y videos para exigir 15 mil dólares a sus familias como rescate. Por otro lado, Luis Carlos M. T. y Marcelino H. C. se encargaban de trasladar más personas al lugar de cautiverio.
La liberación de las víctimas se logró el 2 de marzo gracias a las labores de investigación y estrategia de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro. Durante la detención de los presuntos responsables, se confiscaron armas de fuego: Ramón Gamaliel N. T. portaba una pistola con un cargador abastecido con 12 cartuchos útiles; Luis Carlos M. T. portaba una pistola con ocho tiros útiles; Marcelino H. C. portaba un fusil calibre .223.
En la audiencia inicial, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva justificada, la cual fue impuesta por el juez por un período de 12 meses. Posteriormente, en una audiencia subsiguiente el 8 de marzo, una Juez de Control dictó auto de vinculación por el delito de Secuestro Agravado a los imputados mayores de edad y vinculación a proceso por delito federal, ordenando la declinación de competencia.
Además, a Ramón Gamaliel N. T. se le vinculó por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, estableciendo un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
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