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.-“No vamos a negociar la investigación por 700 millones de pesos, ni por todo el presupuesto de Chihuahua”, advirtió el gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado en Ciudad de México al denunciar que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto castigó a las finanzas estatales por la investigación que se lleva a cabo del desvío de 250 millones de pesos del erario a campañas del PRI en 2015 y 2016.
En rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por integrantes del grupo Encuentro Chihuahua, así como del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, el mandatario reveló que el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, le informó la negativa a un apoyo de 700 millones de pesos por la investigación en curso del desvío del recurso en la administración de César Duarte Jáquez.
“Hay intención de estrangularnos desde el presupuesto, el tema es gravísimo: que confirmara a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un instrumento de control político frente a este gobernador, con motivo de la realización de una investigación que persigue la impunidad y corrupción”, lamentó el mandatario chihuahuense.
El 4 de enero pasado, relató el gobernador, se reunieron él, Gustavo Madero y el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, con el titular de la SHCP, José Antonio González Anaya; Miguel Mishmager, subsecretario de Ingresos; el procurador fiscal, Max Diener e Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, en la que se le informaron los motivos por los cuales a Chihuahua le habían negado 700 millones de pesos, cuya entrega ya estaba formalizada en un contrato entre el Gobierno de la República y el del Estado.
Los convenios, dijo el gobernador, se concretaron el pasado 14 de diciembre de 2017 y tratan sobre la entrega de recursos para el saneamiento financiero: para varios programas de desarrollo regional por 44 millones 770 mil pesos, para fortalecimiento de obras de gestión legislativa 35 millones 334 mil pesos y uno más para fortalecimiento financiero que implica la transferencia de 700 millones de pesos para que Chihuahua contara con recursos suficientes para concluir el ejercicio fiscal 2017.
Este tipo de convenios, explicó Javier Corral, se realizan regularmente entre el Gobierno Federal y las entidades federativas, y como antecedente recordó lo que a Chihuahua se le entregó en 2014, que fueron mil millones de pesos, en 2015 fueron mil 183 millones, 770 millones en 2016 y para el año pasado iban a ser 700 millones.
Fue el 20 de diciembre pasado, como parte de las investigaciones contra los delitos de corrupción cometidos durante la anterior administración, que fue detenido Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, a quien se le dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva por el delito de peculado agravado por su participación en un elaborado esquema de contratación de servicios profesionales que nunca se realizaron.
Fue a partir de dicha detención, aseguró el gobernador de Chihuahua, que a su gobierno se le pretende imponer una represalia económica, que fue comunicada directamente por el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya.
El mensaje que se le dio fue que los recursos no fueron radicados en ese mes (diciembre), por razón de disponibilidad financiera, ya que a decir del funcionario federal, también el Gobierno de la República tenía problemas para cerrar el ejercicio fiscal.
Al encontrar extraña la situación de que sólo a Chihuahua no se le hizo la transferencia de recursos, se le cuestionó a González Anaya si era la disponibilidad de recursos el verdadero motivo, a lo que dijo Corral Jurado que respondió: “Hay que hablar, hay que hablar”.
Fue entonces que se concretó la reunión el 4 de enero pasado, en donde el gobernador aceptó que los tomó por sorpresa que le informaran el motivo por el cual se le negó el apoyo financiero a Chihuahua, “fuimos tomados por sorpresa porque no te imaginas un planteamiento así, nos podrían haber dorado la píldora”, señaló.
La respuesta que en aquel momento dio a los funcionarios de la SHCP, fue que hacía responsable a José Antonio González Anaya de lo dicho en la reunión privada, y que no iba a intercambiar el conocimiento de las investigaciones en torno a la corrupción en Chihuahua por recursos económicos.
“Estamos listos para la batalla”, fue el mensaje con el que advirtió a los funcionarios federales sobre lo que se venía después de informar que por investigar la corrupción política a Chihuahua le negaban recursos financieros.
“No voy a ceder ante las represalias, ni ante los amagos, estoy listo para dar la batalla hasta sus últimas consecuencias, lo hago en defensa de la soberanía, la dignidad y la grandeza del pueblo de Chihuahua”, reiteró en su mensaje.
Finalmente hizo una solicitud al presidente Enrique Peña Nieto para que rectifique la decisión, esto en el marco de la institucionalidad que debe regir a la hacienda pública.
Aprovechó también para llamar a la Presidencia de la República a que dé curso a la solicitud de extradición contra César Horacio Duarte Jáquez, y se haga del combate a la corrupción una tarea en común que todos los mexicanos reclaman.
