/ viernes 10 de agosto de 2018

Revocan jubilación a 2 hermanos de Duarte

Fueron otorgadas ilegalmente por Pensiones Civiles del Estado durante anterior sexenio

Entre el listado de las 10 personas a quienes se les revocaron las jubilaciones otorgadas en Pensiones Civiles del Estado, figuran dos hermanos del exgobernador César Duarte, Crescenciano y Olga Blandina Duarte Jáquez; el ex secretario particular, Rafael Servando Portillo; el exsecretario de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado; el exdirector de Pensiones, Sergio Antonio Martínez Garza y el coordinador general de la empresa operadora del Vivebús Chihuahua, Salvador Rubalcaba Mendoza.

Esta sanción se llevó acabo luego de que, tras una auditoría financiera aplicada en esta institución, gracias a las grandes cantidades que percibían como jubilación:

· Crescenciano Duarte Jáquez recibía 30 mil pesos mensuales.

· Olga Blandina Duarte Jáquez, recibía 31 mil 542 pesos mensuales.

· Rafael Servando Portillo, recibía 35 mil 463 pesos mensuales.

· Raymundo Romero, recibía 30 mil 237 pesos mensuales.

· Sergio Martínez Garza, recibía 19 mil 833 pesos mensuales.

· Salvador Rubalcaba Mendoza, recibía 25 mil 930 pesos mensuales.

Otros de los nombres que figuran en el listado de las jubilaciones revocadas son los de: Luis Carlos Talamantes Alvídrez, Lino Flores Solís, César Leonel Rivera García y Rocío Magdalena Villalobos Hernández, quienes cuentan con pensiones mensuales que oscilan entre los 14 mil a los 27 mil 500 peso, sin contar, ya sea, con la documentación o con la antigüedad para percibir esa jubilación.

A través del acuerdo por el cual se establece el procedimiento para la revocación de jubilaciones y pensiones que se hayan concedido con violación a la ley, se establece que la Dirección de Prestaciones Económicas estará en constante supervisión de las jubilaciones concedidas, ya sean anteriores o actuales.

Tras la detección de una irregularidad, se emitirá el dictamen correspondiente, que remitirá la misma, con los antecedentes respectivos, a la Contraloría Interna, en donde se realizará la auditoría adecuada, hasta el total esclarecimiento de los hechos.

Tras detectar una irregularidad ante la ley, el expediente de la investigación será otorgado a la coordinación jurídica, que al demostrar que exista dicha irregularidad, presentará la denuncia correspondiente, para aplicar un seguimiento por medio de las autoridades.

Entre los 10 casos, que se listan y presentan irregularidades, destaca el de Crescenciano Duarte, quien laboró como director de área de la Universidad Autónoma de Chihuahua durante el sexenio en que gobernó su hermano al estado, además de haber fungido en puestos anteriores como funcionario público.

En este caso, al hermano de Duarte Jáquez se le autorizó una pensión por 30 mil pesos, sin haber comprobado sus aportaciones al fondo de Pensiones, que luego intentó resarcir con dos fuertes pagos, los días 18 y 19 de octubre de 2017, de 300 mil y 90 mil pesos, respectivamente, con el fin de saldar el adeudo por el trámite que se había realizado sin la documentación o el tiempo correspondiente.

En dicha auditoría, también figuran casos en donde se presentaron reconocimientos de antigüedad, con hojas de servicio emitida por las dependencias y organismos en que laboraron los empleados que obtuvieron este beneficio, sin embargo, en la solicitud elaborada, en que se solicita la documentación hecha a cada uno de estos casos, no comprueban que dichos empleados hayan trabajado en los periodo indicados en su hoja de servicio.


Entre el listado de las 10 personas a quienes se les revocaron las jubilaciones otorgadas en Pensiones Civiles del Estado, figuran dos hermanos del exgobernador César Duarte, Crescenciano y Olga Blandina Duarte Jáquez; el ex secretario particular, Rafael Servando Portillo; el exsecretario de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado; el exdirector de Pensiones, Sergio Antonio Martínez Garza y el coordinador general de la empresa operadora del Vivebús Chihuahua, Salvador Rubalcaba Mendoza.

Esta sanción se llevó acabo luego de que, tras una auditoría financiera aplicada en esta institución, gracias a las grandes cantidades que percibían como jubilación:

· Crescenciano Duarte Jáquez recibía 30 mil pesos mensuales.

· Olga Blandina Duarte Jáquez, recibía 31 mil 542 pesos mensuales.

· Rafael Servando Portillo, recibía 35 mil 463 pesos mensuales.

· Raymundo Romero, recibía 30 mil 237 pesos mensuales.

· Sergio Martínez Garza, recibía 19 mil 833 pesos mensuales.

· Salvador Rubalcaba Mendoza, recibía 25 mil 930 pesos mensuales.

Otros de los nombres que figuran en el listado de las jubilaciones revocadas son los de: Luis Carlos Talamantes Alvídrez, Lino Flores Solís, César Leonel Rivera García y Rocío Magdalena Villalobos Hernández, quienes cuentan con pensiones mensuales que oscilan entre los 14 mil a los 27 mil 500 peso, sin contar, ya sea, con la documentación o con la antigüedad para percibir esa jubilación.

A través del acuerdo por el cual se establece el procedimiento para la revocación de jubilaciones y pensiones que se hayan concedido con violación a la ley, se establece que la Dirección de Prestaciones Económicas estará en constante supervisión de las jubilaciones concedidas, ya sean anteriores o actuales.

Tras la detección de una irregularidad, se emitirá el dictamen correspondiente, que remitirá la misma, con los antecedentes respectivos, a la Contraloría Interna, en donde se realizará la auditoría adecuada, hasta el total esclarecimiento de los hechos.

Tras detectar una irregularidad ante la ley, el expediente de la investigación será otorgado a la coordinación jurídica, que al demostrar que exista dicha irregularidad, presentará la denuncia correspondiente, para aplicar un seguimiento por medio de las autoridades.

Entre los 10 casos, que se listan y presentan irregularidades, destaca el de Crescenciano Duarte, quien laboró como director de área de la Universidad Autónoma de Chihuahua durante el sexenio en que gobernó su hermano al estado, además de haber fungido en puestos anteriores como funcionario público.

En este caso, al hermano de Duarte Jáquez se le autorizó una pensión por 30 mil pesos, sin haber comprobado sus aportaciones al fondo de Pensiones, que luego intentó resarcir con dos fuertes pagos, los días 18 y 19 de octubre de 2017, de 300 mil y 90 mil pesos, respectivamente, con el fin de saldar el adeudo por el trámite que se había realizado sin la documentación o el tiempo correspondiente.

En dicha auditoría, también figuran casos en donde se presentaron reconocimientos de antigüedad, con hojas de servicio emitida por las dependencias y organismos en que laboraron los empleados que obtuvieron este beneficio, sin embargo, en la solicitud elaborada, en que se solicita la documentación hecha a cada uno de estos casos, no comprueban que dichos empleados hayan trabajado en los periodo indicados en su hoja de servicio.


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