En Chihuahua el esfuerzo anticorrupción ha sido fuerte, no podemos regatear el tesón y la voluntad política del gobernador Javier Corral Jurado en este tema; ha sido enfático al proponer y ejecutar medidas que sirvan como dique a conductas poco éticas e incluso constitutivas de delitos en las que varios servidores públicos han incurrido, no es un esfuerzo concluyente, es obra en constante proceso de perfección, pero es plausible que se esté actuando.
Hace unos días el Congreso del Estado aprobó la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que tiene perspectiva de género impulsada por diputadas de todas las fracciones parlamentarias; se trata de un órgano que conocerá de denuncias cometidas por servidores públicos que hagan uso indebido de los recursos a su disposición para favorecerse o promocionar personas o partidos, práctica muy usual y poco sancionada; además estará al tanto de conductas que atenten contra la participación política por razón de género.
Sabemos que muchos servidores públicos suelen usar recursos públicos para promocionar su imagen o para solicitar apoyos de tipo electoral, repartiendo despensas, ofreciendo empleos a incondicionales, usando vehículos, teléfonos y todos los recursos de que disponen, esta fiscalía deberá conocer, dar seguimiento, investigar y encargarse de llevar a tribunales a quienes actúen así para que sean sancionados.
Por ejemplo, hace unos cuantos días algunos empleados de un municipio de los más grandes del estado me compartieron, de forma anónima por temor a perder su trabajo, una situación de este tipo, enviándome capturas de pantalla de mensajes de celular -remitidos por un superior jerárquico, desde un celular pagado con recursos públicos, en horario de trabajo- donde les exigía votar en una encuesta de redes sociales a favor de un funcionario con aspiraciones políticas; además de referir entrega de apoyos, debiendo decir a los beneficiarios que los entregan a nombre de tal o cual persona, omitiendo que se trata de programas públicos, costeados con recursos provenientes de los impuestos que todos pagamos, todo ello, sin duda alguna, constitutivo de delito; prácticas que es imperioso sancionar y erradicar.
Debemos apuntar que la creación de esta fiscalía obedece a un mandato legal para que en los estados se procure la creación de una fiscalía especializada, que conozca de todos aquellos casos que no estén reservados a la fiscalía federal, por lo que con la aprobación mencionada se cumple con armonizar nuestras leyes locales.
Quedó establecido legalmente que esta dependencia estará dentro de la Fiscalía General del Estado; debería, en mi opinión, ser autónoma e incluso, por qué no, que los titulares fueran electos popularmente, que los espacios sean ocupados por personas de amplia solvencia ética y profesional, una fiscalía más ciudadanizada, lejos de los intereses político partidistas, ya que al encontrarse como un apéndice de la Fiscalía del Estado, es decir dependiente del gobernador del estado en turno, podría ser usada también como brazo político o de venganzas, sería mejor que fuera una instancia con independencia política y administrativa. El camino para la total limpieza y transparencia en los procesos electorales es largo, pero los chihuahuenses vamos a buen paso.
