/ jueves 18 de abril de 2024

La columna

  • Las dos caras del conflicto entre México y Ecuador.

  • Auditor de Desempeño de la ASF: Víctima de la opacidad de López Obrador.


Varias lecturas se derivan del conflicto diplomático suscitado entre Ecuador y México, a raíz de la irrupción por fuerzas armadas de aquel país en la embajada mexicana en Quito, durante el operativo de aprehensión del ex vicepresidente Jorge Glas. Ecuador transgredió el derecho de inviolabilidad de la misión diplomática mexicana, al haber ingresado sin autorización y de manera violenta; dicho derecho es reconocido por la Convención de Viena, para protección de las relaciones diplomáticas -y las embajadas- de todos los países firmantes del tratado.


Ante el quebrantamiento a dicha norma el gobierno ecuatoriano ha dicho que realizó el cuestionado operativo en virtud de la negativa del gobierno mexicano para atender las solicitudes formales que le fueron formuladas para la entrega de Glas ante las autoridades de Ecuador. Glas tiene en su contra una sentencia por temas de corrupción, y desde tiempo atrás se encontraba refugiado en la sede mexicana, con la clara intención de huir hacia México y evadir la justicia ecuatoriana.


No existe justificación para el allanamiento perpetrado por Ecuador contra la embajada de México, sin embargo, tampoco hay explicación que justifique el rechazo de México ante la petición de entrega al Estado de Ecuador del ciudadano Glas, a quien un tribunal juzgó y sentenció por la comisión de hechos delictivos. Aunque son cuestionables la acción ecuatoriana y la omisión mexicana, surge una pregunta: ¿Qué es más lesivo desde los puntos de vista moral, político y jurídico, el allanamiento ordenado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, o la protección brindada a Glas por el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador?

Es controversial el reciente cese de Agustín Caso Raphael, Auditor Especial de Desempeño, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a quien David Colmenares, titular de la ASF, removió, porque al apegarse a su deber ético y legal Caso era un auditor profesionalmente puntual en el cumplimiento de su deber, pero políticamente incómodo para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Caso Raphael, apegado a criterios técnicos y legales venía haciendo observaciones a las decisiones tomadas por el presidente, o a irregularidades detectadas en algunas obras y erogaciones de la presente administración. Caso fue el encargado de auditar en el año 2021 al Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAIM), y reveló que el costo de su cancelación fue de 300 mil millones de pesos, y no 100 mil millones de pesos como había dicho el gobierno de López Obrador.

El proyecto del NAIM, iniciado por el presidente Enrique Peña Nieto y destinado a convertirse en uno de los aeropuertos más grandes del mundo, así como en importante detonador económico de México, fue cancelado -contra la opinión de los expertos y de muchos sectores- por órdenes por López Obrador, cuando éste aún era presidente electo, meses antes del inicio de su gobierno.

Luego de su cese, Caso reveló el manejo político que David Colmenares ha dado a la ASF, en perjuicio de la autonomía e imparcialidad de esta institución. La renuencia a transparentar su administración ha sido una constante en el presidente López Obrador, ejemplos de ello son el Tren Maya y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyas auditorías, según lo dicho por Caso, han sido obstaculizadas sin razón. El cese de Caso es una consecuencia de la sistemática opacidad con la que se ha conducido Andrés Manuel López Obrador.


carloshjaramillovela@yahoo.com

Miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua, A.C.


  • Las dos caras del conflicto entre México y Ecuador.

  • Auditor de Desempeño de la ASF: Víctima de la opacidad de López Obrador.


Varias lecturas se derivan del conflicto diplomático suscitado entre Ecuador y México, a raíz de la irrupción por fuerzas armadas de aquel país en la embajada mexicana en Quito, durante el operativo de aprehensión del ex vicepresidente Jorge Glas. Ecuador transgredió el derecho de inviolabilidad de la misión diplomática mexicana, al haber ingresado sin autorización y de manera violenta; dicho derecho es reconocido por la Convención de Viena, para protección de las relaciones diplomáticas -y las embajadas- de todos los países firmantes del tratado.


Ante el quebrantamiento a dicha norma el gobierno ecuatoriano ha dicho que realizó el cuestionado operativo en virtud de la negativa del gobierno mexicano para atender las solicitudes formales que le fueron formuladas para la entrega de Glas ante las autoridades de Ecuador. Glas tiene en su contra una sentencia por temas de corrupción, y desde tiempo atrás se encontraba refugiado en la sede mexicana, con la clara intención de huir hacia México y evadir la justicia ecuatoriana.


No existe justificación para el allanamiento perpetrado por Ecuador contra la embajada de México, sin embargo, tampoco hay explicación que justifique el rechazo de México ante la petición de entrega al Estado de Ecuador del ciudadano Glas, a quien un tribunal juzgó y sentenció por la comisión de hechos delictivos. Aunque son cuestionables la acción ecuatoriana y la omisión mexicana, surge una pregunta: ¿Qué es más lesivo desde los puntos de vista moral, político y jurídico, el allanamiento ordenado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, o la protección brindada a Glas por el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador?

Es controversial el reciente cese de Agustín Caso Raphael, Auditor Especial de Desempeño, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a quien David Colmenares, titular de la ASF, removió, porque al apegarse a su deber ético y legal Caso era un auditor profesionalmente puntual en el cumplimiento de su deber, pero políticamente incómodo para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Caso Raphael, apegado a criterios técnicos y legales venía haciendo observaciones a las decisiones tomadas por el presidente, o a irregularidades detectadas en algunas obras y erogaciones de la presente administración. Caso fue el encargado de auditar en el año 2021 al Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAIM), y reveló que el costo de su cancelación fue de 300 mil millones de pesos, y no 100 mil millones de pesos como había dicho el gobierno de López Obrador.

El proyecto del NAIM, iniciado por el presidente Enrique Peña Nieto y destinado a convertirse en uno de los aeropuertos más grandes del mundo, así como en importante detonador económico de México, fue cancelado -contra la opinión de los expertos y de muchos sectores- por órdenes por López Obrador, cuando éste aún era presidente electo, meses antes del inicio de su gobierno.

Luego de su cese, Caso reveló el manejo político que David Colmenares ha dado a la ASF, en perjuicio de la autonomía e imparcialidad de esta institución. La renuencia a transparentar su administración ha sido una constante en el presidente López Obrador, ejemplos de ello son el Tren Maya y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyas auditorías, según lo dicho por Caso, han sido obstaculizadas sin razón. El cese de Caso es una consecuencia de la sistemática opacidad con la que se ha conducido Andrés Manuel López Obrador.


carloshjaramillovela@yahoo.com

Miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua, A.C.