¿Qué nos espera políticamente en el 2024? El informe de Integralia Consultores, que cualquiera puede consultar en su sitio de Internet, menciona los riesgos principales en caso de una victoria del partido en el poder: una Suprema Corte de Justicia doblegada; una mayoría calificada en el Congreso (que llevaría a la eliminación de contrapesos políticos con reformas del INE o fortalecimiento de monopolios del Estado como el energético); mayor poder territorial de los grupos criminales; más militarización; y fragilidad del Gobierno si se elige presidente de E.U.A. al errático Donald Trump.
Otra riesgos serían que el nuevo gobierno incumpla con las metas fiscales (que se eleven gastos más que los ingresos); que haya más corrupción, más manejos administrativos opacos e inusuales con fines electorales y falta de sanción de estos casos, tanto en el gobierno federal como locales; que se gesten conflictos poselectorales (nacionales y/o locales) alimentados por campañas polarizantes, por el intervencionismo del gobierno, por una violación abierta y simulada de las reglas, y por un arbitraje político inoportuno o débil; finalmente, falla de los partidos de oposición como contrapeso.
Digamos que AMLO y Morena logran el llamado “Plan C”, es decir, obtener la mayoría calificada (de dos terceras partes) en ambas cámaras del Congreso. Les permitiría modificar los organismos electorales, y habría menores garantías para la ciudadanía de celebrar elecciones libres, legales y equitativas. Desaparecer o debilitar organismos autónomos (Instituto de Transparencia, el de Competencia Económica y el de Telecomunicaciones) llevaría a mayor opacidad gubernamental, más negocio de cuates, poca rendición de cuentas, y menor competencia económica libre y justa.
Eliminar la reforma energética de 2013 abriría la violación al T-MEC y otros tratados internacionales de los que México es parte, habría un cierre (o restricción significativa) de la participación de la iniciativa privada en el sector energético, mayores deficiencias en la capacidad de producción y suministro de energía eléctrica o de hidrocarburos, lo que es una de las grandes trabas para el desarrollo económico nacional. Y las bandas criminales son un problema porque violentan a los políticos para cooperar con ellos. Del 2021 a 2023 estas agresiones se elevaron un 197.2%.
Ya se ha hablado bastante de la militarización. Por un lado, “Proyecto de Nación 2024-2030: por la radicalización de la Cuarta Transformación desde las Bases” dice que “es urgente poner fin a la militarización de la seguridad pública. (Pág. 20)”, pero los hechos apuntan a una consolidación de una élite empresarial-militar, nada bueno para los derechos humanos más básicos y los policías locales sin recursos para frenar la criminalidad. No hay promesa que sirva, sin dinero, sin competitividad económica, con corrupción progresiva, con poca recaudación e impuestos elevados.
Esta lista es enunciativa y no limitativa, pero creemos que éstas y otras variables aumentarían los factores de riesgo de concentración del poder, la ineficacia gubernamental, la incertidumbre jurídica y la desconfianza empresarial, luego de las elecciones presidenciales de este año. Hoy, más que nunca, el voto es lo más valioso que tenemos si lo que queremos es evitar la más remota posibilidad de que, lo más negro de este escenario, se cumpla.
