Hace un par de días, llegó a mis manos los resultados del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos estatal y federal que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Este censo, integra información por demás valiosa, la cual les invito a consultarla para saber detalles del estatus que guardan los temas de acceso a la información y protección de datos personales.
El informe detalla, cuánto dinero público se ha invertido en los órganos garantes en el país para dar respuesta a las quejas recibidas por parte de los ciudadanos cuando se ven vulnerados sus derechos. Del 2015 al 2022, han crecido exponencialmente los recursos, de 25,834 pasan a 97,444.
Cuando se han emitido sanciones para algún servidor público por no cumplir con la resolución de las sentencias, han recaído principalmente en municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Ahora bien, un mecanismo de participación ciudadana es la instalación de consejos consultivos en los órganos garantes del país, en este rubro, se encuentran constituidos 14 consejos consultivos solamente.
Otro dato interesante del censo es que detalla la composición de la integración del género de titulares de las unidades administrativas, por lo que, al cierre de 2022, se reportaron 425 personas titulares de las unidades administrativas del INAI y de los órganos garantes, 6 de estas, 55.8 % correspondió a hombres y 44.2 %, a mujeres. En Zacatecas, las personas titulares de las unidades administrativas fueron mayormente mujeres.
Respecto a los sujetos obligados, que son las instancias que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, el censo al cierre de 2022 reporta que hay un total de 8 768 sujetos obligados: 801 en el ámbito federal y 7 967 en las entidades federativas. En el orden federal, el principal tipo fue fideicomisos y fondos públicos con 333 y en el orden estatal fue municipios o demarcaciones territoriales de la CDMX con 3,448.
De igual forma al cierre de 2022, en el país, 7,929 sujetos obligados reportaron información sobre transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales: 801 (10.1%) reportaron información al INAI y 7,128 (89.9%), a los órganos garantes del país. Comparado con 2020, estas cifras representaron una disminución de 7.4% y un aumento de 0.6%, respectivamente, en 2022. Las entidades federativas que concentraron la mayor cantidad de sujetos obligados que reportaron información fueron Chihuahua y Jalisco con 982 y 493, respectivamente.
Estos datos nos dan un panorama de cuáles son los retos institucionales para que cada entidad tenga fortalecida la institución que garantiza el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
En Chihuahua, existe desde hace casi dos décadas el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información pública, órgano autónomo que se encarga de velar por ambos derechos cuando se ven vulnerados, vale la pena acercarse y conocer a detalle su funcionamiento, finalmente este tipo de instituciones son parte de los logros democráticos que se han logrado con la participación ciudadana.
Consulta el link del censo elaborado por Inegi: https://www.inegi.org.mx/programas/cntaippdpf/2020/
Maestra en Periodismo de Investigación. Vocera del Ichitaip.
