El luctuoso suceso del asesinato de Karina Rubio, activista y madre de familia, en Ciudad Juárez, resuena como un trágico eco de la realidad que se vive en el estado de Chihuahua. Este feminicidio, que aún permanece impune, revela la cruda verdad de una sociedad que enfrenta una grave crisis de violencia de género. Lamentablemente, el caso de Karina no es un hecho aislado, sino más bien un sombrío recordatorio de la vulnerabilidad de las mujeres en un estado que parece haber perdido el rumbo en la lucha contra el feminicidio.
El pasado 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día destinado a concienciar sobre la persistencia de la violencia de género en todas sus formas. Sin embargo, en Chihuahua, esta fecha adquiere un carácter especialmente doloroso, ya que refleja la cruda realidad que enfrentan las mujeres a diario. En lugar de avanzar hacia la erradicación de la violencia, la situación parece empeorar, dejando en evidencia la falta de medidas efectivas para proteger a las mujeres y castigar a aquellos que perpetúan estos crímenes.
Chihuahua se ha convertido en un estado feminicida, un término que debería resultar inaceptable en cualquier sociedad que se precie de respetar los derechos humanos. La cifra de más de 40 feminicidios reportados en lo que va del año es estremecedora y exige una respuesta urgente y contundente por parte de las autoridades. La impunidad que rodea a estos casos no sólo perpetúa el sufrimiento de las víctimas y sus familias, sino que también envía un peligroso mensaje de permisividad hacia los perpetradores.
Es imperativo que las autoridades de nuestro estado tomen medidas concretas para abordar la crisis de feminicidios que azota la región. Esto incluye fortalecer las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos crímenes, así como implementar estrategias efectivas para prevenir la violencia de género desde sus raíces. La sociedad civil también desempeña un papel crucial en este proceso, alzando la voz para exigir justicia y un cambio estructural que garantice la seguridad de todas las mujeres.
La impunidad no puede ser tolerada en un estado que se precie de ser democrático y respetuoso de los derechos humanos. Karina Rubio y las más de 40 mujeres que han perdido la vida este año merecen justicia, y la sociedad chihuahuense demanda respuestas concretas y acciones decididas para poner fin a esta escalada de violencia de género. La tragedia de Karina no debe quedar en el olvido; por el contrario, debe ser el catalizador de un cambio profundo y necesario en la manera en que enfrentamos la violencia contra las mujeres en nuestro estado.
