Por: Angeles Gutiérrez
Estimados lectores, comienzo esta editorial deseando que este 2022 traiga consigo vida y salud para sus bienamados.
Debo comentarles que a finales de 2021 la alianza Va por México presentamos una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Presupuesto de Egresos de la Federación, pues transgrede el principio de progresividad, mismo que fue incorporado en el Artículo 1 constitucional en la reforma de 2011.
Es importante mencionar que existían varios programas que estaban destinados a la protección de los mexicanos en sus derechos y éstos permitían avanzar en una mayor y mejor cobertura de educación, salud, fortalecimiento del federalismo y la protección a la mujer.
El problema es que con el actual Presupuesto de Egresos se están afectando estos derechos. Para ejemplificar, se cita en el documento el caso del sector salud, donde el Insabi sigue sin garantizar todavía la cobertura y el presupuesto efectivo para beneficiarios, mismos que sí se tenían con el Seguro Popular.
Otros de los programas que refieren en el documento es el de “la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, que sufre un recorte de aproximadamente 10 mil millones de pesos, que en palabras los diputados muestran la regresividad del presupuesto de egresos aprobado.
En educación, los diputados de Va x México acusamos que se dejó de lado la recuperación de programas destinados al apoyo de las escuelas en el combate del rezago educativo, principalmente en las zonas más vulnerables del país. Eso sumado a la desaparición de los programas de Escuelas de Tiempo Completo, el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, entre muchos otros.
Respecto a los programas enfocados en la igualdad y la protección de la mujer ante la violencia, el presupuesto aprobado también resulta regresivo. Así lo señalan las bancadas de oposición y lo demuestran los recortes aplicados en los programas para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, así como el de la atención a víctimas, y el dedicado a las estancias infantiles.
Queridos lectores, ¡que quede claro!, son dos características de los derechos y los programas públicos que fundamentan la presentación de esta acción de inconstitucionalidad: la progresividad y la no regresividad. Tanto el presupuesto de egresos en su conjunto, como los programas públicos en lo individual, deberían ser cuidadosos de estas características.
Respecto al mandato de no regresividad significa que una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de tales derechos.
Respecto al mandato de progresividad, implica que se deben adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles, tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos.
En ambos casos, el presupuesto de egresos para 2022 aprobado está siendo violatorio. Por ello, los legisladores consideramos necesaria la presentación de la acción de inconstitucionalidad.
Así que no descansaremos en la Cámara, luchando para impugnar el presupuesto de 2022 por ser regresivo en los derechos humanos de los mexicanos.