La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido una de las más controversiales en la historia reciente de México. Aunque su mandato ha sido caracterizado por una serie de polémicas con los proyectos como el Tren Maya o su ya repetida y fallida política de abrazos no balazos, los datos duros sobre la violencia infantil durante su sexenio pintan un panorama sombrío y alarmante que no puede ser ignorado.
Más de 12 mil niños, niñas y adolescentes han perdido la vida violentamente en los últimos años. Esta cifra, por sí sola, debería ser suficiente para que cualquier administración replanteara su estrategia de seguridad. Sin embargo, parece que la atención del gobierno está dirigida a otros asuntos, mientras nuestros niños y niñas siguen siendo víctimas de una violencia implacable.
Los estados con mayor prevalencia de homicidios de menores, como Guanajuato con 1,499 casos, Michoacán con 1,119 y el Estado de México con 842, reflejan una crisis de seguridad que afecta directamente a los más vulnerables y que curiosamente ambos son gobernados por Morena.
Cada día, en promedio, 6.7 niños, niñas y adolescentes son asesinados en nuestro país. Esta realidad es inaceptable y exige una respuesta inmediata y contundente por parte del gobierno.
La violencia armada se ha generalizado en todo el país. La militarización y la proliferación de armas ilegales, que superan los 16 millones, han convertido a México en un campo de batalla donde los más jóvenes son las principales víctimas. La política de seguridad actual, ha demostrado ser ineficaz y peligrosa.
El caso de Dante Emiliano, un niño de Tabasco que murió tras recibir tres impactos de bala, es un ejemplo desgarrador de cómo esta violencia se manifiesta de manera cruenta. Este trágico incidente no es aislado; es parte de una tendencia escalofriante que ha cobrado la vida de miles de niños y niñas. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Tejiendo Redes Infancia, señala que 97 de cada 100 carpetas de investigación sobre homicidios de niños quedan impunes. La impunidad es la norma, no la excepción.
La violencia contra la infancia, que representa un tercio de la población, parece ser una decisión política, ya sea por omisión, negligencia o complicidad. Esta situación refleja una política pública adultocentrista que ignora las necesidades y derechos de los niños y jóvenes. En lugar de proteger a nuestra infancia, se les está dejando a merced de la violencia y la impunidad.
Los datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) son contundentes. Desde diciembre de 2018 hasta diciembre de 2023, 12,368 niños han sido asesinados, lo que equivale a 6.7 homicidios diarios. De estos, 2,907 eran niñas y 9,461 eran niños. Además, 5,451 murieron en accidentes de tránsito, 3,933 por arma de fuego y 408 por arma blanca. Estos números no solo son cifras frías; son vidas truncadas, familias devastadas y futuros perdidos.
La responsabilidad del gobierno no solo radica en reconocer estas cifras, sino en actuar con determinación para cambiar esta realidad. La estrategia de seguridad debió en su momento ser revaluada.
La prevención debe comenzar en las comunidades, fortaleciendo el tejido social y ofreciendo oportunidades a los jóvenes. Es vital que se implementen programas educativos y recreativos que alejen a los niños de la violencia y les ofrezcan un futuro esperanzador.
La política de seguridad debe ser revaluada, la impunidad debe ser erradicada y se debe priorizar el bienestar de la infancia. Solo entonces podremos decir que estamos construyendo un México más seguro y justo para todos.
