El impacto de las "Contratas de Sangre" se perpetuó a lo largo de los años, dejando cicatrices imborrables en la historia de Chihuahua y Sonora. En 1849, un decreto emitido por el Congreso del Estado de Chihuahua consolidó la infame Ley de Cabelleras o Contratas de Sangre. Esta legislación, que tuvo aplicación durante la guerra entre el pueblo mexicano y el pueblo apache, se convirtió en un capítulo sombrío marcado por la brutalidad y la codicia.
La hostilidad entre apaches y mexicanos alcanzó su punto álgido en 1831, desencadenando una etapa salvaje donde ambos lados cometieron actos de barbarie. Mercenarios notorios como John Johnson y James Santiago Kirker se instalaron en el norte de México desde 1820, convirtiéndose en exponentes de la violencia desatada en la región.
¿En qué consistían las Contratas de Sangre?
El Gobierno Estatal puso precio a las cabezas de indígenas Apaches en 1839, los hombres en 100 , mujeres en 50 y niños en 14 pesos, sin embargo, en 1849 aumentaron la recompensa, ofrecían 200 pesos por cada indio de armas muerto y 250 pesos por cada prisionero presentado. La ley especificaba también recompensas por mujeres y menores de 14 años, estableciendo un precio de 150 pesos si eran presentados como prisioneros.
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Durante ese tiempo, el gobernador Ángel Trías estaba al mando del estado, sin embargo, a pesar de estar en contra de dicha ley y vetarla, considerándola cruel e inhumana, la Legislatura la aprobó nuevamente. El decreto se convirtió en ley, publicándose en el Periódico Oficial del Estado (POE) y generando consecuencias desastrosas para los indígenas apaches.
La investigación "Las Gratificaciones por Cabelleras" revela que, entre mayo y finales de 1849, el Gobierno del Estado desembolsó 17,896 pesos por cabezas, afectando significativamente las finanzas estatales. Las administraciones subsiguientes ajustaron la política de contratación de mercenarios debido a estas repercusiones económicas.
En 1880, bajo el gobierno de Luis Terrazas, una suscripción popular se levantó para recaudar fondos a partir de las cabezas de indígenas, evidenciando la persistencia de las prácticas deshumanizadoras. Este oscuro capítulo de la historia chihuahuense resalta la importancia de aprender de los errores del pasado y abogar por un futuro marcado por la justicia y la compasión.
¿Cuándo se derogó la Ley?
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En una coyuntura histórica crucial, la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas en el Congreso del Estado de Chihuahua tomó una decisión trascendental a penas en el año 2023, al derogar por unanimidad el infame decreto que sustentaba las "Contratas de Sangre".
Este hito significativo, que tuvo lugar 185 años después de la implementación de las leyes, marca un paso hacia la reconciliación y la justicia histórica. La iniciativa, desencadenada sin relación con partidos políticos específicos, refleja un compromiso colectivo de saldar la deuda ancestral con el pueblo apache n'dé y abandona formalmente una legislación que perpetuó una época de violencia y sufrimiento.
La derogación de la ley, aunque tardía, representa un gesto esencial para sanar heridas históricas y avanzar hacia un futuro basado en el reconocimiento de los derechos humanos y la preservación de la diversidad cultural.
La sombría era de las "Contratas de Sangre" en Chihuahua no solo dejó un rastro de violencia inhumana, sino que también plantea cuestionamientos profundos sobre la moralidad de las políticas adoptadas en el pasado. La caza despiadada de indígenas apaches, incentivada por la oferta de recompensas financieras, revela un capítulo oscuro en el que la codicia y la deshumanización alcanzaron proporciones inimaginables. La memoria de este periodo, marcada por atrocidades y consecuencias económicas, sirve como un recordatorio crítico de la importancia de construir un futuro basado en la equidad, el respeto y la preservación de la dignidad humana, dejando atrás las huellas de una era manchada por la barbarie.
Publicada originalmente en El Sol de Parral
