Con la intención de fortalecer el mercado interno automotor, se ha propuesto una reforma al Artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor a fin de promover el autofinanciamiento tanto en unidades nuevas como seminuevas, y suprimir la limitante del crédito a 5 años.
Es de precisar que este está por ser dictaminado en la Comisión de Estudios Legislativos que preside el Senador Rafael Espino, quien detalló que se trata de una iniciativa de senador Ernesto Pérez Astorga, miembro integrante de la Comisión de Economía, que consiste en una modificación para promover el autofinanciamiento no solo de unidades nuevas, sino de vehículos usados; pero además se estaría quitando una temporalidad para los sistemas de comercialización que estaban limitados a cinco años.
“Nosotros creemos que esto no afecta la protección al consumidor que tutela particularmente la Ley; sino que puede llevar más dinamismo a la industria de distribuidores automotrices porque va a facilitar el financiamiento no solo de las unidades nuevas, sino de unidades usadas”, declaró el funcionario durante una conferencia donde se hizo acompañar de representante de AMDA.
Antonio Moisés Morales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA) Chihuahua, compartió que previamente sostuvieron una reunión con el senador en relación a la reforma, donde tanto el sector privado como el público coincidieron que había que hacerle unas modificaciones a esta Ley en dos vertientes: la primera es en relación a que los financiamientos no solo se den en vehículos nuevos, sino también seminuevos; y la otra es que se le quitaría una limitante de 5 años a esta opción.
“En caso de aprobarse, se podría ofrecer al público en general más opciones de movilidad”, declaró el representante local de la Asociación.
Por su parte, el presidente Ejecutivo de AMDA México, resaltó que de concretar esta reforma, se generan oportunidades a familias que no tienen la posibilidad de acceder a un crédito tradicional ofrecido por la banca o por las financieras.
Recordó que la pandemia por Covid-19, provocó una caída del 28 % en la venta de vehículos nuevos en nuestro país y que, apenas en este 2023, se estará igualando o mejorando cifras prepandemicas, esto es, tomará cuatro años para recuperarse de ese “bache”.
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Y, dentro de los requerimientos para no solo igualarse al 2019, sino en los años venideros tener la oportunidad de llegar a las ventas record que ocurrieron en el 2016, se necesitan de canales de financiamiento que permitan a los consumidores mexicanos hacerse de un vehículo.
“Aquí es donde entra un complemento al mercado de vehículos nuevos, pues hay muchas familia que tiene el poder adquisitivo para comprar un vehículo nuevo, pero que el adquirir un vehículo nuevo se vuelve una buena alternativa pero necesitan un mecanismo de financiamiento”, declaró.
En este sentido, precisó que actualmente se estima que por cada vehículo nuevo que se vende en el país, se llevan a cabo entre 5 y 6 operaciones de compra venta de unidades usadas, cada año. De este universo de entre 5 y 6 millones de vehículos seminuevos anuales, la mayor parte se da en el mercado informal: tianguis, ventas directas entre particulares, subastas, “generando amplia capas de informalidad” que impactan en falta de garantías, de seguridad jurídica, en riesgos de estar adquiriendo vehículos con reporte de robo, sin garantías en el funcionamiento mecánico, merma en la recaudación fiscal de los municipios, estados y la federación”.
Ante esto, destacó que el promover la formalidad beneficia a todos, directa e indirectamente, por ello se buscan canales de acceso directo a la adquisición de vehículos usados.
