Un grupo de litigantes laborales, se manifestaron en la Junta Especial número 41 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ubicada en Hidalgo del Parral, con el fin de evitar que esa junta sea removida y los expedientes se trasladen a la ciudad de Chihuahua, lo representaría un retroceso en la impartición de justicia laboral.
Lo anterior toda vez que, según la Reforma Laboral, las juntas de conciliación deberán permanecer hasta que desahoguen todos los expedientes que tengan pendientes, es decir, será hasta entonces cuando puedan desaparecer.
En este sentido, el abogado Mariano Cordero, comentó que la protesta se fundamenta en la violación al decreto de la reforma en mención.
“La reforma establece la obligación de las juntas de permanecer hasta que no se termine el último de los expedientes, lo que presupone una afectación a la clase trabajadora, a la clase patronal, a los empresarios y sobre todo a los litigantes”, explicó.
El jurista comentó que, con la permanencia de las juntas de conciliación en cada una de sus sedes, los litigantes pues desempeñar su trabajo de la mejor manera, y comentó que, en este caso, al remover la junta 41 y pasar os expedientes a la junta número 26, las afectaciones serán muchas.
Recordó que existe un antecedente en que era la junta 26 en la ciudad de Chihuahua y esto sería un retroceso que atenta contra los derechos de la clase obrera y la clase patronal, debido a que se vería mermado el acceso a la justicia para los involucrados.
“Estamos preparando las propuestas; vamos a seguir inconformes porque esto representa un retroceso”, comentó.
Manifestó que son un número considerables de obreros, patrones y litigantes, quienes creyeron que, con la reforma laboral, se iban a agilizar los trabajos en las juntas de conciliación, debido a que los casos nuevos están siendo turnados a los Centros Estatales de Conciliación, es decir, se les quitaría la carga laboral.
Añadió que en un principio se habló de que la junta 41 en Parral, tardía cerca de un año en desahogar los expedientes, pero con lo que se pretende hacer, obligaría a los trabajadores a llegar a acuerdos con las empresas, por cuotas muy debajo de sus derechos.
