Este miércoles, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia, la cual establece que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresor sexual o que haya cometido violencia familiar pueda ocupar algún cargo público en cualquiera de los tres niveles de gobierno.
Encabezando un acto de sororidad, las legisladoras locales de todas las fuerzas políticas tomaron la tribuna del Congreso a fin de acompañar a la presidente del poder legislativo, Adriana Terrazas, en la lectura del dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales respecto a lo enviado por el Congreso de la Unión.
Haciendo hincapié en que este es un día histórico para la entidad en materia de la lucha para disminuir la brecha de desigualdad, los congresistas locales no solo se unieron votando a favor este dictamen, sino que manifestaron la algarabía por esta aprobación.
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Previo a la votación, representantes de las fuerzas políticas del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Morena y Partido del Trabajo manifestaron su voto razonado.
Margarita Blackaller, del PAN, enfatizó en que, como servidores públicos, deben poner el ejemplo, razón por la cual es menester erradicar la complicidad a la impunidad iniciando por todas las instituciones; asimismo, comentó que el deber que tendrán será actualizar el marco normativo protegiendo en su totalidad los derechos de todas las personas, además de sentar las bases de las obligaciones para todo aquel que ocupe un cargo público.
Ivón Salazar, del PRI, denunció que, muchos de los agresores se incorporan a algún cargo público para utilizar el poder para continuar agrediendo a sus víctimas, por lo que recalcó que esta ley significa una esperanza más cercana para que cualquier mujer agredida pueda acceder a la justicia.
Rosana Díaz, de Morena, reconoció la labor que han encabezado las mujeres y los colectivos a lo largo del país a fin de lograr la aprobación de diversas leyes, así como a todos los legisladores federales por sentar las bases para este dictamen, “vamos dando la batalla en la brecha de desigualdad”.
Jael Argüelles, del PT, durante su intervención pidió que la aprobación de esta ley sea acompañada de congruencia, coherencia y sororidad.
Es preciso detallar que, al ser una reforma constitucional, debe ser aprobada por al menos 17 entidades de la República, por lo que, Chihuahua se convierte en el Estado 14 en validar el dictamen, sumándose a Tamaulipas, Estado de México, Quintana Roo, Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Tabasco, Colima, Coahuila, Morelos, Tlaxcala y Baja California Sur.
Es así como, únicamente falta que otras tres entidades la aprueben para que esta reforma constitucional entre formalmente en vigor en todo el país.
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