La causa penal 3035/2020 motivó la ejecución de una segunda orden de aprehensión contra el ex titular de Desarrollo Rural 2010-2016, Octavio L.G., durante la madrugada de este viernes, cuando las autoridades se disponían a liberar al imputado, pues la jueza de control Amparo Pérez Barraza le permitió llevar en libertad condicional el proceso de investigación como presunto responsable de peculado por 15 millones de pesos contra el Gobierno del Estado.
Es así que la segunda audiencia de formulación de cargos en su contra se desarrolló este viernes, misma que inició a la 1 de la tarde, en donde agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado le atribuyeron la supuesta responsabilidad del delito de peculado, con penalidad agravada, por la cantidad de 8 millones 680 mil pesos el daño al erario y que en teoría del MP se erogó con la compra simulada de frijol.
Esta segunda cantidad, en teoría de la Fiscalía se desvió en un proceso muy parecido que se señala en el primer proceso de investigación; el fiscal leyó el contenido de la carpeta de investigación, en donde se encuentra el testimonio de una persona cuya identidad se encuentra protegida y que acusa a Octavio L. G. de simular el pago a proveedores que nunca dieron sus servicios, para desviar recursos del erario a empresas que el ex gobernador César Horacio D.J. le indicaba.
Como toda seña del testigo se indicó que laboró en la Secretaría de Hacienda, quien dijo que el ex Gobernador César Horacio D.J. instruyó entregar recursos a proveedores sin que brindaran servicios públicos, y señaló que en ese año en particular, el 2012, esta situación se realizó a tres proveedores casi simultáneamente.
Se detalló que los 8 millones 680 mil pesos fueron desviados para entregarlos a una empresa denominada Nuestro Campo, en un procedimiento que aseguró el MP que era usual y se detectó en varias ocasiones.
El modus operandi consistía en apelar a un apartado de la Ley de adquisiciones en donde se prevén excepciones a los procesos de licitación, para adjudicar directamente los contratos, por ejemplo, en casos de afectaciones climáticas atípicas o catástrofes naturales (sequías, inundaciones, heladas).
Se indicó que este procedimiento se realizaba en estrecha comunicación entre la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Rural: ésta última realizaba la documentación necesaria para que la primera liberara los recursos; sin embargo, nunca se justificaba bien esta urgencia climática e incluso, dijo que se escribían recibos en los que se comprometían a proporcionar posteriormente la documentación requerida por ley, lo cual es claramente una irregularidad.
Se mencionó que en estos procesos se vieron involucrados otros personajes como Roberto D. quien fungió como Director de Fomento Agropecuario; Carlos H. de la Confederación Nacional Campesina y se mencionaron empresas e instituciones que fueron beneficiadas con estos desvíos como Cefom, Unión Ganadera División del Norte, Fideapech y Unión Progreso, la financiera del ex gobernador César Horacio D.J.
Cabe mencionar que el proceso lo seguirá el imputado en libertad, con la condición de que se le recogerá el pasaporte mexicano para evitar que salga del país, así como su presencia requerida quincenalmente en la Fiscalía General del Estado para firmar documentación y se le colocará un brazalete con GPS para rastrear su ubicación.
La resolución de que llevara el procedimiento en libertad se dio debido a la edad del imputado, así como a su estado de salud, que aunque no es grave, sí requiere de atención médica continua. Asimismo, se informó que la audiencia de vinculación a proceso se realizará el próximo martes 1 de noviembre a las 9:30 de la mañana.
