/ sábado 3 de junio de 2023

Si interponen petición formal, tras reforma reducirían condena 284 extorsionadores

Tanto en la Constitución como en materia de derechos humanos se obliga a que se aplique la ley más favorable a los presos

Con la reciente reducción de la pena por el delito de extorsión aprobada por el Congreso del Estado, la modificación podría tener un impacto significativo en los 284 individuos que actualmente se encuentran cumpliendo condena en los distintos penales de la entidad, por haber cometido este delito en diferentes momentos y circunstancias.

La modificación del ajuste a la legislación estatal, fue a raíz de la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obedece a que consideraron que la pena era desproporcional y muy elevada, pues se calculaba entre los 30 y 70 años de prisión para cualquier persona que realizará una extorsión dentro del territorio estatal.

También te puede interesar: Ante sentencia de la SCJN, quitan pena “vitalicia” a la extorsión

La abogada Érika Jasso Carrasco destaca el principio constitucional de "no retroactividad" que según este principio, cuando existen dos normas que regulan una misma situación, no se puede aplicar retroactivamente al recluso aquella que le resulte más adversa o perjudicial. En el caso de la reforma mencionada, tanto la Constitución como los derechos humanos obligan a que se le aplique la ley más favorable, es decir, la nueva reforma.

Foto Ilustrativa: El Sol de Tlaxcala

“Esto no implica que los reclusos actualmente detenidos sean liberados automáticamente, sino que aquellos que ya hayan cumplido su tiempo puedan acceder a un beneficio preliberatorio, y tampoco significa que sea en automático, debe cumplir una serie de procedimientos y peticiones judiciales” compartió.

Los datos de la Secretaría de la Seguridad Pública del Estado, que se hace actualmente cargo del Sistema Penitenciario del Estado, apuntan que actualmente existe un registro de 284 personas detenidas en los penales estatales, de los cuales 223 ya cuentan con sentencia condenatoria y al menos otros 61 están a espera de que un juzgado les imponga la misma.

Son estos reos quienes pueden acceder a un beneficio preliberatorio, principalmente los 223 sujetos, que ya están purgando una pena, pero que de acuerdo a la abogada, para solicitar este beneficio, se debe seguir el procedimiento que nombró, “ejecución de sanción” establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

“Para solicitar este beneficio se debe seguir el procedimiento de ejecución de sanción establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, aunque la reforma esté autorizada, no significa que se aplique automáticamente a todos los reclusos. Cada sentenciado, a través de sus abogados, debe solicitar que se le aplique la nueva sanción” señaló, la abogado al explicar el ajuste al cual pueden acceder los detenidos por este delito.

La abogada enfatiza que esta sanción es una de las más altas, incluso equiparable al homicidio contra policías. El homicidio calificado por ser elemento de un cuerpo policial, tiene una pena mínima de 30 años y una máxima de 50 años, por lo que destacó que la pena por extorsión sigue siendo una de las más elevadas, a pesar de que realizaron un ajuste a la misma.

Además, agregó que desde el punto de vista psicológico, está comprobado que el aumento de la pena no incide en que los delitos disminuyan, ya que los delincuentes no tienen en cuenta la posibilidad de ser atrapados al cometer un delito y que aquellos que cometen delitos como el asesinato, robo, extorsión o secuestro lo hacen pensando que nunca serán capturados.

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“La amenaza de una penalidad mayor o menor no tiene un impacto significativo en la comisión de delitos, según diversos estudios y análisis en psicología criminal” en ese sentido, la abogada resalta que la amenaza penal, no inhibe la comisión de delitos de manera sustancial.

Es de mencionar que la reforma no se encuentra vigente hasta el momento, ya que no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado, pero a partir de que se haga la publicación de la misma, es cuando los abogados pueden analizar las alternativas para buscar beneficios pre libertarios para los presuntos responsables, que deberán ser analizados por una instancia judicial.

A pesar de la reducción, el delito de extorsión sigue teniendo una de las penas más grandes en el estado de Chihuahua, incluso por encima de la mayoría de los delitos o los que con mayor frecuencia se cometen.

Con la reciente reducción de la pena por el delito de extorsión aprobada por el Congreso del Estado, la modificación podría tener un impacto significativo en los 284 individuos que actualmente se encuentran cumpliendo condena en los distintos penales de la entidad, por haber cometido este delito en diferentes momentos y circunstancias.

La modificación del ajuste a la legislación estatal, fue a raíz de la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obedece a que consideraron que la pena era desproporcional y muy elevada, pues se calculaba entre los 30 y 70 años de prisión para cualquier persona que realizará una extorsión dentro del territorio estatal.

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La abogada Érika Jasso Carrasco destaca el principio constitucional de "no retroactividad" que según este principio, cuando existen dos normas que regulan una misma situación, no se puede aplicar retroactivamente al recluso aquella que le resulte más adversa o perjudicial. En el caso de la reforma mencionada, tanto la Constitución como los derechos humanos obligan a que se le aplique la ley más favorable, es decir, la nueva reforma.

Foto Ilustrativa: El Sol de Tlaxcala

“Esto no implica que los reclusos actualmente detenidos sean liberados automáticamente, sino que aquellos que ya hayan cumplido su tiempo puedan acceder a un beneficio preliberatorio, y tampoco significa que sea en automático, debe cumplir una serie de procedimientos y peticiones judiciales” compartió.

Los datos de la Secretaría de la Seguridad Pública del Estado, que se hace actualmente cargo del Sistema Penitenciario del Estado, apuntan que actualmente existe un registro de 284 personas detenidas en los penales estatales, de los cuales 223 ya cuentan con sentencia condenatoria y al menos otros 61 están a espera de que un juzgado les imponga la misma.

Son estos reos quienes pueden acceder a un beneficio preliberatorio, principalmente los 223 sujetos, que ya están purgando una pena, pero que de acuerdo a la abogada, para solicitar este beneficio, se debe seguir el procedimiento que nombró, “ejecución de sanción” establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

“Para solicitar este beneficio se debe seguir el procedimiento de ejecución de sanción establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, aunque la reforma esté autorizada, no significa que se aplique automáticamente a todos los reclusos. Cada sentenciado, a través de sus abogados, debe solicitar que se le aplique la nueva sanción” señaló, la abogado al explicar el ajuste al cual pueden acceder los detenidos por este delito.

La abogada enfatiza que esta sanción es una de las más altas, incluso equiparable al homicidio contra policías. El homicidio calificado por ser elemento de un cuerpo policial, tiene una pena mínima de 30 años y una máxima de 50 años, por lo que destacó que la pena por extorsión sigue siendo una de las más elevadas, a pesar de que realizaron un ajuste a la misma.

Además, agregó que desde el punto de vista psicológico, está comprobado que el aumento de la pena no incide en que los delitos disminuyan, ya que los delincuentes no tienen en cuenta la posibilidad de ser atrapados al cometer un delito y que aquellos que cometen delitos como el asesinato, robo, extorsión o secuestro lo hacen pensando que nunca serán capturados.

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“La amenaza de una penalidad mayor o menor no tiene un impacto significativo en la comisión de delitos, según diversos estudios y análisis en psicología criminal” en ese sentido, la abogada resalta que la amenaza penal, no inhibe la comisión de delitos de manera sustancial.

Es de mencionar que la reforma no se encuentra vigente hasta el momento, ya que no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado, pero a partir de que se haga la publicación de la misma, es cuando los abogados pueden analizar las alternativas para buscar beneficios pre libertarios para los presuntos responsables, que deberán ser analizados por una instancia judicial.

A pesar de la reducción, el delito de extorsión sigue teniendo una de las penas más grandes en el estado de Chihuahua, incluso por encima de la mayoría de los delitos o los que con mayor frecuencia se cometen.

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