El exsecretario de Salud y exdirector del Instituto Chihuahuense de la Salud, de la pasada administración, Eduardo F.H. fue vinculado a proceso acusado por el delito de Uso Ilegal de Atribuciones y Facultades.
Lo anterior, luego de que el juez de control César Villalba Máynez, decidiera que sí existió un delito en la contratación del crédito con el banco Bansi, por 401 millones de pesos, y que existe la posibilidad de que el imputado tenga algún grado de responsabilidad.
Para tal efecto, el juez ratificó las medidas cautelares en contra de Eduardo F.H. mismas que se le habían aplicado al término de la audiencia inicial, en donde se determinó que podría llevar el proceso en libertad, pero entregando su Pasaporte Mexicano, su Visa Láser, así como una garantía de 800 mil pesos pagadero en un lapso de seis meses.
En esta ocasión, el juez de control dictó como plazo, dos meses para desahogar la investigación y que tanto el Ministerio Público como la defensa, puedan presentar cada uno sus pruebas y evidencias completas para desarrollar el juicio oral.
En los alegatos, el Ministerio Público acusó al exfuncionario, que durante la administración del ex gobernador Javier Corral Jurado, el imputado Eduardo F. fungía como titular de la Secretaría de Hacienda lo que automáticamente lo convertía en director general del Ichisal, instituto que contrató un crédito superior a los 401 millones de pesos, de los cuales tuvo que pagar al banco Bansi, la excesiva cantidad de 24 millones de pesos.
De igual forma, la parte acusatoria, expuso que en la causa penal 1641/2023, se detalla la forma en que el ex funcionario de Javier Corral, contrató con dinero público un crédito por 401 millones 364 mil 155 pesos, aún y cuando no estaba autorizado por el Congreso del Estado y no existían las condiciones financieras para poder realizar ese trámite.
También se subrayó que las denuncias fueron interpuestas por la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Función público; ambas instituciones aseguraron que la transacción se realizó de manera ilegal, lo que representó la contratación de más deuda pública, sin que existieran las condiciones legales para tal efecto.
Se acusó a Eduardo F. de que tras la adquisición de dicho crédito con la institución bancaria Bansi, se generó al Ichisal y al Gobierno del Estado, una afectación económica de 24 millones 114 mil 217 pesos, cantidad que se tuvo que pagar a ese banco.
Por su parte, la defensa argumentó que, el crédito contratado a la institución bancaria Bansi, no necesitaba una autorización del Congreso del Estado, resaltando que aparte, ese financiamiento se registró durante la contingencia sanitaria por el Covid-19 cuando había entrado en vigor el acuerdo para atender la crisis pandémica, que facultaba a las instituciones de Salud poner en marcha las acciones pertinentes para sobrellevar la problemática, esto sin necesidad de agotar trámites administrativos.
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Añadió que esto se dio, ante la falta de entrega de los recursos al Ichisal, por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de la pasada administración, por lo que el crédito por 401 millones de pesos resultaba necesario.
El abogado defensor aseguró que de no haberse contratado ese financiamiento las autoridades d Salud de la administración de Javier Corral, se habrían visto en la necesidad de cerrar por lo menos seis hospitales en la entidad.
Enlistó al Hospital de Salud Mental, los hospitales ubicados en los municipios de Delicias, Cuauhtémoc, Jiménez y el de Aldama, como las instituciones que habría cerrado ante la falta del presupuesto que en ese entonces la Secretaría de Hacienda encabezada por Arturo Fuentes Vélez, no entregó a la Secretaría de Salud.
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